El Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió la puerta para adelantar conversación en su política de “paz total” con los ilegales del Clan del Golfo, el grupo criminal más poderoso con alianzas con el narcotráfico y la minería del país.
Mediante la Resolución 257 del 8 de julio de 2024 el presidente autorizó la apertura de un espacio de conversación “sociojurídico” con el grupo armado del Clan del Golfo en cuyas filas tiene más de dosmil integrantes.
“El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, se lee en la resolución y para cuya tarea de exploración de voluntades el Gobierno designó al politólogo Álvaro Jiménez Milán como su principal representante en esta mesa. La delegación oficial será completada con María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
El Gobierno también reconoció a seis voceros del Clan del Golfo y pidió suspender sus órdenes de captura, entre ellos a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, el máximo comandante de ese grupo armado quien reemplazó al extraditado alias “Otoniel” y José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”, cabecilla del Bloque Roberto Vargas que operan en el Bajo Cauca de Antioquia.
El Clan del Golfo es la organización criminal con más personas en armas y con mayor proyección de expansión territorial. Tiene permanentes confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, con el ELN y con las disidencias de las FARC.
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