Un ex sargento del Ejército Nacional quien por muchos años durante su carrera militar combatió los grupos armados insurgentes y paramilitares debió abandonar Colombia ante los inminentes peligros que corría sus vidas junto a su esposa e hijo.
Se trata del ex Sargento John Harvey Sepúlveda Otálora, su esposa Diana Marcela Tobón Sánchez e hijo Daniel Felipe Sepúlveda, quienes debieron abandonar su patria y desde el exilio esperan la protección a fin de reorganizarse y salvaguardar sus integridades.
Sepúlveda Otálora, siendo activo del Ejército le tocó combatir a las Farc, Eln, Bacrim, Narcotráfico, el Clan del Golfo y hasta las “Águilas Negras”, asumiendo con toda la responsabilidad del caso que como uniformado le correspondía contra los violentos y delincuentes.
Egresado de la Escuela de Suboficiales “Sargento Inocencio Chínca” en la base de Tolemaida, fue asignado al Batallón de infantería número 31 Rifles en Caucasia Antioquia donde demostró gran capacidad y sacrificio patriótico.
El ex militar participó en operaciones especiales, siendo asignado en el año 2016 a la Brigada móvil No 21 Batallón 157, jurisdicción: Chaparral Tolima, con acciones en Ataco, Rio Blanco, y Planadas, donde se desempeñó en logística, abastecimientos, tesorería, y armamento, además de participar en operaciones de control Militar de Área, de acción cívico-militar con la población civil, operaciones ofensivas contra los grupos armados ilegales.
Su trabajo siempre estuvo dirigido a combatir de frente grupos criminales como : Las disidencias de las FARC, ELN, BACRIM, NARCOTRAFICO, Águilas Negras, y el Clan del Golfo, en cuyos operativos se realizaron capturas, desmovilizaciones, recuperación de menores, acciones Psicológicas con la población civil, para evitar que los muchachos, especialmente adolescente fueran reclutados, y en donde se hablaba y entregaban recomendaciones a los padres de familia.
John Harvey Sepúlveda Otálora también se destacó en la milicia colombina por su disposición para dialogar con las comunidades campesinas en el propósito del Ejército Nacional de trabajar con el objetivo principal de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los pobladores, proteger activos estratégicos como redes eléctricas, carreteras e infraestructura pública.
Desde enero del 2018 comenzaron las amenazas en su contra dejándole una carta de las disidencias de las FARC, la que recibió su señora esposa, Diana Marcela Tobón Sánchez y en ese mismo mes cuando su cónyuge madruga a trabajar le abordan dos sujetos en una moto que se identifican como supuestos integrantes de “Águilas Negras”, lo que les obligó a retirarse un 1 de marzo del mismo año y trasladarse a la ciudad de Villavicencio, hasta donde siguieron los seguimientos de los grupos delincuenciales.
El ex militar y su familia, debió posteriormente radicarse en Bogotá y como guarda de seguridad de Andiseg continuaron las amenazas y seguimientos , en donde logró defenderse al activar su arma de dotación desde la portería.
Ante estos reiterados hechos el Sargento Sepúlveda, su esposa e hijo, viajaron a Chile y el 14 de abril del 2022 lograron llegar a Países Bajos.
En diferentes operativos de la fuerza pública han sido incautados memorias Usb, documentación clasificada, fotografías y listados con nombre y números de documentos de personal civil, miembros activos, personal en uso de buen retiro y veteranos del Ejercito se pudo evidenciar que dentro de este decomiso se encontraban en los listados como objetivo militar entre otros, el nombres de John Harvey Sepúlveda Otálora.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su labor institucional de impulsar la política de prevención de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.), monitorea y advierte acerca de las situaciones de riesgo que puedan tener los ex integrantes de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado, la violencia sociopolítica y otros fenómenos de violencia conexos; en la misma medida ha querido promover acciones de protección a ex militares y ex policías amenazados, así como del fortalecimiento institucional y comunitario para el diseño e implementación de estrategias y mecanismos de prevención, así como de impulso a las acciones del Estado en busca de mitigar o superar los riesgos advertidos por los amenazados.
En consecuencia, cualquier acción violenta contra sus derechos de los servidores públicos de las fuerzas armadas y sus ex integrantes como el caso del ex sargento Sepúlveda Otálora,tiene un impacto negativo para sus familias, las instituciones a las que pertenecieron, las comunidades y la sociedad en general, pues genera daños profundos para sus familias, sus entornos y el tejido social. De ahí que cuando se quiere acallar a un ex militar que en ejercicio de sus deberes legales y constitucionales, buscaba la protección de las comunidades y el Estado de Derecho, esto afecta intereses de diversos sectores, y el mensaje más contundente, hay que abogar por sus vidas y sus seres queridos.
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