Tras cinco meses desde que se conocieran las primeras denuncias de sobrecostos y desvíos de millonarios recursos en contratos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este jueves la Fiscalía le imputó cargos a su exdirector Olmedo de Jesús López Martínez, el antiguo subdirector Sneyder Augusto Pinilla y al contratista oriundo de Nariño Luis Eduardo López.
Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Aunque los dos primeros confesos delincuentes han aceptado su responsabilidad, ninguno reconoció formalmente haber cometido esos delitos, pues han iniciado negociaciones con la Fiscalía para colaborar con la investigación a cambio de “reducir su condena al mínimo”.
En la diligencia adelantada ante un juez penal, la fiscal del caso Andrea Muñoz Arango hizo un recuento de los hechos de corrupción.
Según la investigación, los funcionarios direccionaron la entrega de por lo menos 21 contratos públicos, con dineros destinados a solventar las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país, inicialmente por un valor superior a los 228.844 millones de pesos.
Con ello, se dejó claro que hubo evidente actuación delictiva en la compra de 40 carrotanques para el suministrar agua potable en La Guajira, con la seguidilla de otros supuestos contratos según ha explicado la fiscal, tuvieron como fin la entrega de coimas a políticos y funcionarios públicos.
La fiscal ratificó su tesis de que evidentemente parte del dinero robado al Estado Colombiano terminó entregado en efectivo a los presidentes del Congreso para esa época: Iván Leonidas Name Vásquez, del Senado, habría recibido 3.000 millones de pesos, y Andrés David Calle Aguas, de la Cámara de Representantes, 1.000 millones.
Según los resultados parciales de la investigación, la intermediaria y encargada de entregar el dinero en efectivo fue la ex senadora Sandra Ortiz, entonces Consejera Presidencial para las Regiones y quien salió de su cargo en mayo pasado, luego de ser una de las primeras salpicadas en el escándalo.
La Fiscal del sonado caso reiteró que con la pruebas aportadas por investigados igualmente que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, su asesora María Alejandra Benavides y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez habrían participado directamente en el direccionamiento de contratos para beneficiar a cinco congresistas de la Comisión Tercera, que debate y define los asuntos económicos del país.
Sosteniendo el ente investigador que los beneficiados fueron Wadith Manzur (representante a la Cámara de Córdoba por el Partido Conservador), Karen Manrique (representante por la curul de paz de Arauca), Julián Peinado (representante de Antioquia por el Partido Liberal), Juan Diego Muñoz (representante el Meta por la Alianza Verde), Liliana Bitar (senadora de Córdoba por el Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (senador liberal de Risaralda).
Sobre la operación de la Unidad, la fiscal explicó que el empresario imputado, Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”, era el aliado clave de sus directivos para recibir las adjudicaciones de los contratos a través de 30 empresas que, de acuerdo con la fiscal, él manejaba directa o indirectamente. “Simulaban la escogencia aleatoria de las empresas con base en la cotizaciones que recibían, cuyos propietarios (aliados de Luis Eduardo López) eran previamente alertados sobre los requerimientos que había en cada contrato, incluyendo el porcentaje de la coima a pagar”.
De acuerdo con su exposición, esa organización milimétrica sobre los roles que tenía cada uno para simular contrataciones limpias, “le permitieron a la organización criminal asegurar que esas empresas, del contratista previamente elegido, controlara el precio de los contratos”.
Para la fiscal Andrea Muñoz Arango, la persona que supuestamente dio la orden de direccionar los contratos y desviar los recursos públicos para beneficiar a congresistas de varios partidos políticos fue la mano derecha y el hombre más influyente en la Casa de Nariño Carlos Ramón González, actual director del Departamento Nacional de Inteligencia-ANI y fundador y Jefe máximo del Partido Alianza Verde, quien para la época de los hechos delictivos ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), un cargo de primer orden para cualquier mandatario. Aunque Olmedo López había mencionado a González en sus primeras declaraciones, es la primera vez que la Fiscalía lo señala directamente como parte del entramado de corrupción.
López ha indicado que el esquema se gestó, en una reunión a la que llamó ‘cónclave’,en la propia Casa de Nariño a la que habrían asistido altos funcionarios.
Según el confeso corrupto, en esa reunión recibió la orden de usar el dinero para entregar los contratos a empresarios que pagarían coimas destinadas a los presidentes del Congreso. Así, según el imputado político de izquierdas, el Gobierno podría asegurar el paso de sus reformas sociales en el Legislativo.
Horas después de la audiencia, Carlos Ramón González defendió su inocencia en un comunicado público. “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, se lee.
El director de Inteligencia ha sido uno de los políticos más cercanos al presidente desde hace décadas. Conocidos desde que militaron en la extinta guerrilla del M-19 y tuvieron posiciones de mando en el departamento de Santander, ha sido el verdadero poder a la sombra en el partido Verde, que dirigió a una fusión con el Petrismo agrupado en el movimiento Progresistas, en 2013.
Una década más tarde, Petro lo llevó a dirigir el Dapre y a ser quien uno de los puentes entre los congresistas y el Ejecutivo, el encargado de recibir a los magistrados y de hablar al oído al presidente. Sus dos despacho colindaban y es considerado el hombre más cercano e influyente en el mandatario de los Colombianos, después de Laura Sarabia.
En la audiencia, la Fiscalía de igual manera señaló según sus investigaciones , también a César Augusto Manrique, actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, la dependencia encargada de gestionar el sistema de empleo público.
La fiscal lo señaló de ser el jefe político de Luis Carlos Barreto, antiguo director de Conocimiento de la UNGRD, y de haber definido con este el cobro de una coima del 7 % por otros contratos.
Se trataba del destino de 100.000 millones de pesos que estaban originalmente destinados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pero pasarían a manos de la Unidad. Ese porcentaje, según la Fiscalía, buscaba en parte cubrir los pagos a otros congresistas.
Manrique también fue ex combatiente del M-19 y es una persona de absoluta confianza del presidente Petro, quien como alcalde de Bogotá designó en el cargo local equivalente al de Función Pública y en la dirección del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad dedicada a fondear el gasto de la capital en asuntos de seguridad.
En cuanto al funcionario también muy cercano al presidente y de mayor reputación profesional ,mencionado en el escándalo es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
Olmedo López ha dicho a la Fiscalía que Bonilla, a través de su principal asesora María Alejandra Benavides, logró adicionar recursos para la UNGRD en el Presupuesto General de 2023.
Además, en chats filtrados a la prensa, se conocieron conversaciones entre Benavides y el exsubdirector Sneyder Pinilla en las que se refieren a contratos en tres departamentos del país.
Cuando se revelaron inicialmente las declaraciones de López sobre Bonilla, el presidente salió en su defensa en un evento público. “Es un ministro honesto, no tiene dineros, no es un hombre rico, no hace negocios para los ricos” dijo en Buenaventura el pasado 18 de julio. Pero este jueves, tras la audiencia de imputación, cambió el tono: “No voy a defender a nadie en este proceso, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes”, escribió en X.
Ante semejante escándalo y una vez conocida la posición del Presidente Gustavo Petro, se espera que en las próximas horas se produzca una cascada de renuncias de los funcionarios implicados por la Fiscalía General de la Nación.
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