El más poderoso sindicato “petrista” declaró en estado de alerta máxima al magisterio y anunció una Junta Nacional virtual el 10 de junio, para realizar un Paro Nacional el próximo miércoles 12 de junio, el cual podría extenderse de manera indefinida.
Según La Federación Nacional de Educadores -Fecode, el Paro Nacional será para exigirle al Congreso de la República y el Gobierno Nacional «El hundimiento inmediato de la enmienda que desdibuja el espíritu de la educación como derecho fundamental y bien común» , presentado y consensuado con la mayoría de congresistas por la Ministra Aurora Vergara Figueroa.
La decisión se tomó este sábado por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), convocando a un Paro Nacional y declarando en alerta máxima al magisterio Colombiano, el próximo 12 de junio, por su rechazo a los recientes cambios que le han realizado al proyecto de ley estatutaria a la educación, que fue aprobado en su tercer debate en el Senado de la República.
Además, Fecode aseguró que el proyecto, que fue conciliado el pasado 5 de junio, en la Comisión Primera del Senado de la República bajo el liderazgo de la más destacada senadora del Pacto Histórico María José Pizarro no corresponde a los acuerdos que se habrían suscrito previamente con la titular de la cartera en representación del Gobierno Nacional, el cual ayudaron a elegir.
«La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario», indicó el sindicato de maestros, lo que considera un atropello contra el gremio de docentes.
Según la federación, algunas de las propuestas son regresivas y desvirtúan el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. Entre las iniciativas que destacaron señalaron que «la ley incorpora un enfoque mixto de educación, habilitando la privatización y la mercantilización de la misma, lo que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado»; además, Fecode indicó que «Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia».
De igual modo, hicieron un llamado y exigencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego a que se tome la determinación de no permitir que la “nefasta iniciativa” ley considerada como un «gran logro del gobierno Petro», sea aprobada y que se proceda a realizar una ampliación alrededor de un diálogo social participativo.
«Manifestamos nuestro rechazo total a los conciliábulos a puerta cerrada, prácticas que invisibilizan las realidades territoriales, cercenan derechos adquiridos, las libertades democráticas, alimentan los apetitos de sectores y empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio, mercantilización y tercerización. Nos oponemos a toda iniciativa de privatización pretendida por la derecha y la ultraderecha de este país», anunció la federación de maestros que se siente «traicionada» por el Gobierno nacional.
Entre las actividades se prevén movilizaciones en las diferentes ciudades del país y una gran toma de Bogotá el 17 se junio próximo, con el cual terminaría la «Luna de Miel» del magisterio colombiano con el gobierno de Gustavo Petro.
Fecode expresó su rechazo a los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y diferentes sectores de la oposición, que están dando paso a una eventual aprobación del proyecto. De hecho, entre los temas que más generan inconformidad se encuentra la obligatoriedad de la evaluación docente, la cual sería como le vaya a los estudiantes en las pruebas PISA algo a lo que se han negado desde hace varios años.
“Fecode llama al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado”, señala el sindicato al convocar una movilización nacional.
Desde el Ministerio de Educación se ha dicho que dicha iniciativa «no tiene reversa» y que el cuestionado proyecto de ley busca establecer a la educación como un derecho fundamental en todos los niveles, además de incluir la educación superior, así como también para algunas poblaciones específicas, como la población carcelaria.
Igualmente, pretende hacer obligatoria la media de los grados décimo y once, puesto que actualmente la obligatoriedad de la educación es desde los 6 hasta 15 años, es decir, desde transición hasta noveno grado
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