El alto tribunal encontró que el Congreso de la República obvió un requisito al aprobar la ley que dio luz a la institución que lidera la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, aunque posterga los efectos de su decisión por dos años.
La Corte Constitucional ha decidido este miércoles anular la creación del Ministerio de la Igualdad de Colombia. El tribunal encontró que el Congreso, responsable de la creación de la cartera, se saltó un requisito procedimental ―el del aval fiscal que debe expedir el Ministerio de Hacienda cuando una ley crea nuevos gastos para el Estado― y por ello dicha norma es inválida. Sin embargo, la Corte posterga sus efectos hasta 2026 para dar un plazo para que el Congreso reexpida una Ley. Mientras tanto, la institución que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez podrá seguir operando.
La ponente de la decisión ha sido la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera , quien llegó a la Corte ternada por el expresidente de derechas Iván Duque, de quien fue compañera en el colegio.
Argumentó ante sus ocho colegas que tenía razón la demanda de 11 congresistas de la oposición Uribista, incluyendo antiguos compañeros de bancada de Duque en el Senado, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal o Paola Holguín, y la mayoría estuvo de acuerdo con ella.
En enero 21 de 2023, cuando la ley tenía menos de tres semanas de haber sido firmada por el presidente Gustavo Petro, los congresistas argumentaron que en el debate legislativo se debía explicar con detalle cuál era el costo fiscal de crear el Ministerio, y que ello nunca se realizó.
Entre sus pruebas, recordaron que, si bien el Ministerio de Hacienda envió un concepto favorable a la nueva cartera, no fue preciso. “El costo preciso de creación y operación del nuevo Ministerio se puede tener una vez se cuente con la estructura final de la entidad”, decía el documento. Aunque había dos argumentos adicionales, este fue el clave en la decisión.
El alto tribunal decidió dejar vigente la ley por dos años. Explicó que anularla inmediatamente podría generar “una desarticulación institucional que afectaría a la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”.
En otras palabras, que el Ministerio ya está desempeñando unas funciones fundamentales para sectores marginados y los territorios, por lo que es necesario que el Congreso tenga la oportunidad de sacar adelante de nuevo la ley, ya sin errores, y evitar la eliminación de la cartera que intenta llegar a las regiones y sectores más desvalidos de Colombia, articulando con las autoridades locales proyectos e iniciativas de impacto social.
En la tarde de este miércoles, antes de conocer la decisión, la vicepresidenta Márquez afirmó desde el barrio El Pozón de Cartagena que el Ministerio a su cargo “trabajará con los jóvenes del barrismo social para construir con ellos una ruta de turismo futbolero”.
En estos pocos meses de funcionamiento, el Ministerio ha ejecutado un porcentaje mínimo de su presupuesto. Este año el Ministerio tenía un presupuesto de $1,3 billones y cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos. Entre unos y otros, eran cerca de 740 puestos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.