La Iglesia Católica convocó a los líderes del país a un diálogo ante las tensiones políticas, de “ánimos caldeados, de posturas diversas y de desencuentros”.
El llamado lo hace el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo primado de Bogotá, en el que recalca de suma importancia que los sectores políticos y económicos entren en un diálogo que pueda beneficiar al país.
Ante la alerta del presidente Petro quien aseguró que la Fiscalía busca orquestar un golpe de Estado en su contra ,el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, aseguró que es necesario para los colombianos y principalmente para los sectores políticos y económicos que se permita un diálogo en beneficio del país y de las instituciones.
“Tenemos una democracia debemos defenderla, tenemos unas instituciones, debemos fortalecerlas y debemos acompañarnos todos en la solución de los conflictos que se nos puedan presentar”, expresó en su coherente llamado.
Incluso, el máximo jerarca de la Iglesia Católica cardenal Rueda, ofreció a la institución Eclecial como acompañante ante un posible diálogo entre los distintos líderes de nuestro país para que esta sea “una posibilidad para fortalecernos en la unidad y buscar el bien común de todos los colombianos en la conferencia”.
Este llamado se da luego del choque de trenes entre el presidente Gustavo Petro Urrego y el fiscal Francisco Barbosa delgado, luego de que el mandatario advirtió de una supuesta ruptura institucional.
“Lo que busca el fiscal general es un golpe de estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales”, afirmó Petro en uno de sus mensajes del fin de semana.
También se refirió a una suerte de persecución por cuenta de la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva y de la apertura de investigación en su contra por presuntas irregularidades en la licitación para fabricar pasaportes.
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