Un par de horas después de que la Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro Urrego, sin referirse directamente a este caso desde Guapi en la Costa Pacífica Caucana, aseguró que esa situación ya la vivió cuando fue alcalde de Bogotá. «Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana”.
“No nos van a dejar gobernar, pues claro, es la mentalidad de quienes (están) acostumbrados a dejar la gente abandonada. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un Gobierno popular, un Gobierno democrático”, dijo Petro en el acto de Guapi.
Este miércoles se conoció que la Procuraduría decidió formular pliego de cargos y suspender por tres meses al canciller, Álvaro Leyva Durán. La decisión del órgano de control ocurre en medio del proceso disciplinario que se lleva en contra del funcionario por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.
“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
La suspensión para Leyva Durán será por tres meses y contra la decisión del órgano de control no procederá ningún recurso.
La formulación del pliego de cargos es el proceso que antecede al juicio disciplinario. En este punto, la Procuraduría enumera las posibles infracciones disciplinarias que habría cometido el funcionario para que este pueda defenderse.
De acuerdo con la investigación –iniciada el 20 de septiembre de 2023– el canciller Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
“En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, añadió la Procuraduría.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/U4FDGAVIRNFWLDY3OHZLJ2BBHY.jpg?w=640&ssl=1)
La Procuraduría también explicó que la suspensión del canciller se tomó para evitar que el funcionario con gran influencia en el gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego siga incurriendo en las mismas faltas disciplinarias que hoy le señalan. Pues el canciller es el ordenador del gasto de su ministerio de Relaciones Exteriores y, además, es el director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la fabricación de los pasaportes.
La defensa del canciller le había solicitado a la Procuraduría –en audiencias previas– el cierre y archivo de este proceso disciplinario. Alegaba que la Procuraduría tiene competencias para indagar sobre las posibles faltas disciplinarias de los funcionarios y no para pronunciarse sobre la legalidad o no de un proceso contractual, función que le corresponde, por ejemplo, al Consejo de Estado.
“El señor ministro de Relaciones Exteriores tenía la potestad para declarar la suspensión del proceso contractual, lo que resultó necesario cuando reasumió la competencia que había sido delegada en el secretario general. Facultad que fue ejercida de una manera razonable y por un término muy corto para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo”, había dicho el abogado de Leyva, Mauricio Dueñas.
Mientras este proceso avanza, en otra orilla, continúa la posibilidad de que Thomas Greg & Sons –única oferente del fallido proceso licitatorio– emprenda una millonaria demanda contra el Estado porque, considera, se le vulneraron sus derechos como contratista cuando quedó desierto el proceso de licitación.
Debe estar conectado para enviar un comentario.