Las tarifas de los peajes en Colombia subirán desde hoy en medio del plan del gobierno de Gustavo Petro por retomar el alza que estaba pendiente.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el ajuste que se aplicará en general desde este 16 de enero corresponde a la inflación de 2022, que no se había aplicado en 2023.
Así las cosas, los valores a pagar por transitar por las vías de Colombia subirán 13,12 %, correspondiente a la inflación de 2022 más $500 del nuevo monto del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que también variará al alza.
En Colombia hay un total de 185 peajes, administrados por la ANI y el Invías.
Normalmente, cada año, se hace un aumento de las tarifas de peajes con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Pero al haberse congelado durante la vigencia anterior, el país deberá ponerse al día con ese incremento.
No obstante, es importante mencionar que aún habrá que aplicar un incremento en los precios a pagar, que tiene que ver con la inflación causada en 2023, que fue de 9,28 %.
Inicialmente, el gobierno de Gustavo Petro fue enfático en que los peajes tendrían dos alzas en lo corrido de 2024 (en enero y julio), de tal modo que el país se pusiera al día en este frente.
De hecho, esto fue confirmado por el ministro Camargo y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) de noviembre pasado.
No obstante, el titular de la cartera de Transporte ha dicho recientemente que, por ahora, no se hablará del segundo aumento que está pendiente para este año.
“El segundo aumento lo revisamos con Hacienda y esperamos tener sobre eso un monitoreo que nos indique si se hace este año en el último trimestre o el siguiente”, dijo el funcionario.
Eso sí, aclararon que el Decreto 050 de 2023 -que congeló las alzas durante el año pasado- le da un margen de maniobra al Gobierno para ponerse al día con esto hasta finales de 2024, de tal modo que el país quede al día en enero de 2025.
Ahora bien, otro factor que podría cambiar la ecuación tiene que ver con una demanda interpuesta en contra de ese decreto, que está en curso en el Consejo de Estado y podría tumbarlo, dejando sin piso todos los cambios hechos por el Gobierno.
La decisión final la tendrán los magistrados de ese alto tribunal, que fue aceptada para estudio desde septiembre del año pasado.
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