Con esa declaración, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assís cuestionó una propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de financiar a grupos criminales como parte de procesos de paz.
“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz”, aseveró este martes el titular de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, Camargo manifestó que la institución que preside seguirá “insistiendo” en que “la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”.
La declaración de Petro, en su momento, llegó como respuesta a una iniciativa del ELN, que planteó buscar financiación con el fin de frenar el secuestro de personas, que es una de sus principales actividades delictivas financieras.
El máximo comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional (ELN) alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre, cuando anunciaron que la guerrilla había acordado poner fin a los secuestros, si se prorrogaba el alto el fuego con el gobierno el próximo año.
Para Camargo, tanto la idea de la guerrilla como la del mandatario tendrían una nefasta repercusión y sería contraria a la Constitución. “El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley”, mencionó.
“Reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la libertad humana”, apuntó el funcionario, quien añadió que en el territorio nacional el secuestro incrementó en 2023 un 90% respecto a cifras de años anteriores.
Esa subida sucedió, según el defensor del pueblo, porque el plagio se convierte en “una moneda de negociación”. “Entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle la libertad a quien está en cautiverio”, explicó.
Luego de dejar en firme el rechazo a las propuestas de lado y lado, el Defensor le pidió al presidente Gustavo Petro Urrego que mantenga una postura clara sobre el respeto por los derechos humanos, al menos como una condición básica para el acceso a una negociación.
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