Las “regiones de paz” del presidente Gustavo Petro Urrego ya están listas y persiguen un objetivo principal: pacificar los territorios y facilitar los diálogos con los grupos armados y las estructuras ilegales de todo el país con un énfasis en las necesidades de cada territorio.
Tal como estableció el articulado 2272 de 2022, más conocido como la Ley de paz total, dichas zonas serán para concentrar las acciones del Estado relacionadas con la paz y la seguridad de los departamentos, pero no tienen nada que ver con una especie de “ubicación temporal” de los ilegales ni con despejes de la Fuerza Pública o algo por el estilo.
En palabras del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, los criterios para seleccionar dichas zonas tuvieron qué ver con qué organizaciones armadas tienen el “control hegemónico”, si se presentan condiciones de miseria y exclusión y qué tipo de economías ilícitas funcionan en cada sitio.
Fue así como el Gobierno presentó ocho grandes grupos con 31 de los 32 departamentos que tiene el país (Ver infografía), excluyendo solo a las islas de San Andrés y Providencia, un territorio que, dadas su condiciones geográficas, ha logrado huir de ese conflicto de grupos que azota al resto del país.
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