El cese al fuego que firmaron este viernes el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no contempla la suspensión de los secuestros y las extorsiones que lleva adelante la guerrilla, según ha clarificado el jefe negociador del grupo armado y número 2 del grupo insurgente, Pablo Beltrán.
“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, no entraron en estos protocolos”, ha comentado el antiguo comandante en jefe de la organización subversiva.
Las operaciones abarcan lo que la guerrilla denomina como “retenciones”, en referencia a los secuestros, y como “impuestos”, en alusión a las extorsiones a los habitantes de los territorios donde tienen presencia.
Beltrán quien denominó a las actividades extorsionistas como “los impuestos” ha informado que el grupo armado los mantendrán “por ahora”.
La intención, según dejó claro el jefe negociador, es que estas operaciones se suspendan en el futuro, en otro acuerdo. Mientras, espera que acciones como “las retenciones” o secuestros puedan evitarse, aunque no sean parte del cese: “Si no son necesarias, no se harán”.
Esta aclaración se da luego que el presidente Gustavo Petro, firmó el acuerdo este viernes en La Habana, como parte del tercer ciclo de negociaciones. Lo hizo junto al ahora comandante en jefe del ELN, Antonio García, y ante la atenta mirada del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.
“Venimos a entregarle a Colombia, y es por eso por lo que fuimos elegidos, estas posibilidades de paz”, ha celebrado Petro en la ceremonia. Fue una foto que quedará para la historia como el primer gran logro de la paz total, la política bandera del presidente de izquierdas para pacificar al país. El ELN no es un grupo menor: es la guerrilla más antigua de América Latina, con un fuerte peso simbólico, y opera en 22 de los 32 departamentos de Colombia, según la Defensoría del Pueblo y sus combatientes según fuentes militares son más de 7 mil hombres y mujeres en sus filas.
El acuerdo contempla una implementación gradual del alto al fuego. La etapa de alistamiento es inmediata, mientras que el fin de las operaciones ofensivas comienza el 6 de julio hasta alcanzar una plena vigencia, de 180 días, a partir del 3 de agosto.
Los mecanismos de monitoreo y verificación —con apoyo de la ONU, de la Iglesia católica y de países garantes— se instalarán en los próximos días y semanas, de manera que el cese al fuego debería estar en marcha en todo el territorio colombiano por lo que resta del 2023. Cuenta con el apoyo explícito de ambas partes, a diferencia del incidente de comienzos de año, cuando el ELN desmintió el cese al fuego bilateral que el presidente había anunciado en diciembre.
La expectativa principal es que el alto al fuego garantice un final a los enfrentamientos entre el Estado y el ELN. Esta guerrilla sigue activa y arremete con alguna frecuencia: en marzo, un ataque a una base del Ejército mató a nueve militares y dejó ocho heridos.
Un desafío es que las decisiones de la cúpula negociadora sean acatadas por todos los frentes, incluidos los que operan con algún grado de independencia. “Somos una sola voz y representamos la rebeldía armada del pueblo colombiano”, ha asegurado este viernes Antonio García, comandante en jefe desde 2021.
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