Mientras se adelanta el trámite de la reforma de la salud en el Congreso y la llegada de un nuevo ministro de la salud Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez que le dio aires de conciliación, junto al trabajo de filigrana política que realiza el ministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves con cada uno de los congresistas, exministros como: Alejandro Gaviria, Augusto Galán Sarmiento, Fernando Ruiz, Beatriz Londoño, Mauricio Santamaria, Diego Palacio, Jaime Arias y Gabriel Riveros; así como gremios del sector firmaron un manifiesto para la defensa del Sistema de Salud y piden al Gobierno retirar el proyecto.
Universidades, voceros gremiales y de asociaciones de usuarios manifestaron que el proyecto del Gobierno Petro va en detrimento de los derechos de los pacientes y un rotundo fracaso en las políticas en salud conquistadas por el sistema en las tres últimas décadas.
En el documento expresan su preocupación por el contenido del actual proyecto, a lo que agregan el trámite, que se está dando como ley ordinaria y no estatutaria -que es como se deben discutir los proyectos que pretenden modificar los derechos fundamentales como el de la salud consagrado en la Constitución Política.
Así, afirman que en la iniciativa del Gobierno «no es claro que contribuya al progreso en el derecho fundamental a la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos, la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos de su asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Nacional».
Por otra parte, dicen que ese texto no soluciona los problemas de cobertura y acceso que son mucho más marcados en los territorios. «Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población«, describen.
Aseguran, también, que la reforma que propone el Gobierno, «dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos creando confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema».
Otro de los puntos por los que le piden al Ejecutivo retirar la iniciativa son: los riesgos en que la Adres asuma funciones para las que no tiene capacidades, se desincentiva la participación privada en la prestación de servicios, se conduce a la estatización del sistema de salud, elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad.
Pero hacen énfasis en que sí es necesario que se den «cambios al sistema de salud, en especial los relativos a la oportunidad en el acceso a los servicios, la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento de la salud pública y la atención primaria con énfasis en la ruralidad».
También reconocen «la necesidad de establecer una política nacional de talento humano, de robustecer la gobernanza en los territorios y de luchar de manera más contundente contra la corrupción. El propósito es el de mejorar el modelo de atención y adaptarlo a los cambiantes requerimientos de la sociedad. Las transformaciones deben basarse en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos», como describen en el documento en conjunto».
No obstante esta petición se conoció que el gobierno continúa el trámite de la reforma ahora en manos de los congresistas en donde sostiene tiene «asegurada» la mayoría para convertirla en Ley de la República.
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