El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, solicitó al titular de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, que se analice una grave denuncia que hizo el periodista Gonzalo Guillén en su medio de comunicación La Nueva Prensa donde señaló un alto fiscal estaría encubriendo unos 200 homicidios en los últimos tres años.
“Me parece supremamente grave esta denuncia. Le pediré al ministro de justicia que cite al Consejo Nacional de política Criminal para discutir este tema (sic)”, trinó el jefe de Estado junto con el vínculo a la publicación de Guillén, hacia las 11:55 de la noche del miércoles 26 de abril.
En el mencionado portal digital señalaron que el funcionario implicado en la denuncia es el fiscal Séptimo Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien pese a los llamados de los propios investigadores del ente acusador habría omitido su deber constitucional de judicializar a 14 presuntos jefes criminales de las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) quienes habrían ordenado los asesinatos en la Costa Caribe.
«Una de mis fuentes respalda la inmensa documentación que seguiré revelando. Ratifica la total veracidad de lo que estoy denunciando sobre cómo y el delincuente Daniel Hernández encubren sistemáticamente los homicidios del Clan del Golfo» ha señalado el connotado periodista e investigador.
“Hernández ha debido citar a comités urgentes de trabajo por estar en juego la vida de seres humanos y asignar tareas y comunicarse con la embajada de Estados Unidos, porque hay narcotráfico, y solicitar órdenes de captura. Pero nunca hizo nada”, dijo uno de los investigadores que consultó el periodista Guillén.
De acuerdo con el documento que le allegaron al periodista se trataría de Julio Alberto Benavides Lapeira, alias El Tigre o El Patrón; José Luis Pérez Cantillo, ‘Chichiwi’ o ‘El Pin’; Manuel Alejandro Catalán Pérez ‘El Flaco del retén’; Benjamín Segundo Gracia Gutiérrez ‘Maicol’; alias Lulú o AlExander Villalba Reyes; Ángel María Benavides Lapeira ‘Angelo’; Geisa María Mora Caballero, José Daniel Pacheco Valencia ‘Fujimory’, Alberto Padilla Sarmiento ‘Brayan’ o ‘Javier’; Ender Caro Martinez ‘El Burro’, ‘Helder’, ‘Pepe’ o ‘El Negrito’; Haumed Ahumada Gomez ‘El Valluno’; Eliecer Rafael Hernández Ursola ‘El Mono’, Nicolás Alberto Lemus Hernández ‘Choque’, y Hernández Alias Chapa o Pedro.
En esa investigación también señalaron que el señalado fiscal Hernández Martínez tenía el respaldo de la cabeza del organismo investigador, Francisco Barbosa, y la vicefiscal General Martha Mancera, y hasta del exfiscal General Néstor Humberto Martínez, pese a que el funcionario tiene investigaciones por parte de la misma entidad por presuntos hechos de corrupción.
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Los rumores del supuesto ‘Pacto de la Picota’ señalaban que Juan Fernando Petro había ofrecido a los paramilitares convertirse en “gestores de paz” y a los extraditables demorar los traslados a Estados Unidos gracias a decisiones del Estado colombiano.
Barbosa denunció que si algo le llega a pasar a la familia del fiscal Hernández o a él, Petro será el responsable de esas muertes. Además, le recuerda al presidente que este funcionario fue víctima de la Masacre de La Rochela en el que asesinaron a su padre.
«Quiero recordarle al Presidente porque creo que se le olvidó: ese funcionario Daniel Hernández fue víctima de la Masacre de La Rochela porque fue asesinado por los paramilitares su padre. Decirle a una víctima, que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana como una víctima por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima», indicó el jefe del ente investigador.
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