15 Representantes a la Cámara de todo el país que conforman la Comisión de Derechos Humanos de esta corporación legislativa participaron de la audiencia pública adelantada en Santander de Quilichao este jueves 13 de abril.
El Presidente de esta instancia legislativa Óscar Rodrigo Campo Hurtado lideró la convocatoria en la que reconoció y agradeció la voluntad de las autoridades y la dirigencia política “por escuchar la problemática del Norte del Cauca, donde debemos recuperar la vigencia de los derechos humanos para que vuelva la esperanza a esta pujante región”.
Los participantes entre los que se destacó el Defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assís, pudieron escuchar y validar las problemáticas que vienen violando los derechos humanos en el Cauca y en cuya audiencia se resaltó la necesidad de abordar las desigualdades,los conflictos interétnicos,las ocupaciones a la propiedad privada, la discriminación, el racismo, la violencia de género , la violencia contra los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, arraigados y migrantes en el país, garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Este escenario promovido por la Cámara de Representantes en Santander de Quilichao dejó entrever además, cómo en el Cauca las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo objeto de homicidios,agresiones, amenazas y hostigamiento por su labor como también quienes defiende el derecho al trabajo, la tierra, el territorio y el medioambiente ,corren especial peligro.
Voceros del sector empresarial de la Caña de Azúcar llamaron la atención de la grave crisis que se viene generando a raíz de las invasiones sistemáticas de predios dedicados al cultivo que en su mayoría son de propiedad de campesinos y de las comunidades afros del Norte del Cauca y que ha generado enfrentamientos amenazando a los trabajadores de los Ingenios de la región y el despido de centenares durante los dos últimos años por la falta de garantías para las labores agroindustriales.
El objetivo de ese espacio, fue escuchar las peticiones y preocupaciones de las organizaciones, comunidades , empresarios , autoridades locales y regionales, a fin de articular acciones desde el Congreso de la República de las distintas instancias gubernamentales y del Estado, para exigir el respeto a la propiedad privada, la protección de la clase trabajadora, proteger la vida de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas en situación de riesgo, así como propiciar diálogos de convivencia en los distintos territorios.
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