Tuluá está viviendo tensos momentos por la quema de 5 busetas de servicio público urbano y el ataque a un bus de la compañía de transporte La Esperanza en el que su conductor resultó herido. Los usuarios de este servicio público de movilidad han tenido que optar por otras alternativas como taxi, uber, piratas o mototaxis o incluso caminar.
Ya se reporta la quema de cinco buses de la misma empresa ocurrido en la noche del pasado lunes 2 de enero al parecer por el no pago de extorsiones a los propietarios de los automotores y ante este panorama de violencia e inseguridad, los transportadores decidieron no prestar el servicio a partir de este jueves y solo unas 6 busetas de las 87 reestablecieron la operación del servicio público urbano con el acompañamiento de la policía.
Para hacerle frente a la ola de violencia, desde la gobernación del Valle se anunciaron varias medidas en Tuluá. «Una bolsa de recompensa de hasta cinco millones por alteraciones al orden público y por información que conduzca a la prevención de alteraciones del orden público atendiendo las alteraciones de los últimos días», declaró Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.
Las autoridades avanzan en investigaciones que indicarías que estos actor de terror de y extorsión sumadas a las constantes amenazas personales o familiares, en donde se exigen dinero o bien se corre con el riego del con sus propias vidas.
Un hecho que tiene azotado el municipio y por el cual dirigentes y líderes han solicitado especial ayuda a las autoridades ya que se trataría de integrantes de la banda La Oficina o la Inmaculada que han sido señalada de direccionar estas amenazas incluso de los centros carcelarios.
Recientemente, cinco presuntos integrantes de esta la banda que se ubican en el mismo municipio, fueron señalados de extorsionar a comerciantes, razón por la que fueron asegurados con medida privativa de su libertad.
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