Nuevamente el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego dejó plantados a los magistrados de las altas cortes, en un evento que se iba a llevar a cabo en Bogotá y para el que se había contratado una cena para 70 personas.
El mandatario no arribó a la cita que tenía pactada con los togados para las 6 de la tarde del miércoles de este 30 de noviembre en la que además se iba a juramentar a dos juristas que entran a esas corporaciones.
Petro se encontraba en Antioquia cumpliendo un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango (Antioquia), en los años 1996 y 1997, respectivamente, a manos de grupos paramilitares a quienes pidió perdón a nombre del Estado Colombiano. Posteriormente el Jefe de Estado se reunión con el Alcalde de Medellín con quien estuvo evaluando el tema de Hidroituango.
La molestia de los magistrados, que al final fueron atendidos por el secretario jurídico de la Presidencia y no por el mandatario, provocó que estos decidieran no asistir a la cena a la que también habían sido invitados por Petro. Él, sin embargo, nunca llegó.
Así que visiblemente inconformes con el acto, los magistrados abandonaron la Casa de Nariño y omitieron participar en la celebración que después le fue encargada al ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Petro había citado a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para la posesión de los togados Juan Carlos Cortés y Marjorie Zúñiga, quienes entran a conformar la alta cúpula judicial.
Al final, la posesión se realizó cerca de una hora después de la prevista y fue liderada por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández.
Y es que no es la primera vez que el presidente los deja esperando. Petro tampoco llegó a una reunión del 15 de septiembre en Valledupar en la que se iba a encontrar con los togados de la Corte Suprema de Justicia.
El mandatario también dejó su silla vacía en el encuentro que tenía el 29 de septiembre en Villa de Leyva con la Corte Constitucional, una historia que se repitió el 11 de octubre en Montería con el Consejo de Estado.
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