Nuevamente se ha reportado un caso de amenaza contra una trabajadora de la salud pública en zona rural de Suárez al Norte del Cauca. El hecho se ha presentado en la vereda de la Balsa en la que la enfermera Lady Dolores Baltán Palacios, recibió una carta en la que le conminaban abandonar su casa de habitación pues había sido declarada como objetivo militar por ser integrante del Partido Conservador.
La funcionaria puso en conocimiento de la Estación Policial del lugar pero inicialmente le indicaron que ese tipo de amenazas los grupos criminales que delinquen en la zona lo hacían para intimidar y “asustar, pero que no pasaba nada”.
Sin embargo el 24 de noviembre de este 2022 en horas de la noche sujetos rompieron los vidrios de las ventanas de su vivienda y la puerta ,pero afortunadamente ella y su hija no se encontraban pues estaban de visita a su madre en la ciudad de Cali y debieron quedarse alojadas en la casa de una amiga.

El 27 de noviembre un vecino le llamó para avisarle que un quiosco construido en la parte trasera de su casa para realizar reuniones políticas en sus ratos libres con la dirigencia y militantes del conservatismo de la región, había sido quemado por desconocidos.
Posteriormente Baltán Palacios recibió una llamada en donde le dejaban claro que no podía seguir en la zona so pena de sufrir agresiones de muerte a ella y su hija, amenaza que la obligó a desplazarse hacia la vereda de Bocas del Palo en Puerto Tejada.
El caso de la enfermera Lady Dolores Baltán Palacios es uno de los centenares de actos violentos contra la asistencia de salud en todo el cauca y país, por parte de los grupos armados ilegales contra la vida e integridad de líderes comunitarios, sociales y del campo de la salud quienes deben sufrir además las consecuencias físicas y emocionales de estos actos de violencia que se manifiestan en forma de amenazas, agresiones físicas, muertes, violencia sexual y otras afectaciones.

Los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Nariño y Caquetá han sido los más recurrentes. En algunos de ellos, equipos completos de personal médico se vieron forzados a dejar de trabajar, lo que resultó en la privación total de servicios de salud para comunidades enteras, así como grupos vulnerables.
Desde la Defensoría del Pueblo se ha hecho un llamado a respetar la vida e integridad y recibir la oportuna protección del Estado de quienes brindan asistencia de salud, considerando a los, médicos, enfermeras ,sanadores comunitarios y tradicionales, quienes también están protegidos por el DIH.


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