Durante la instalación de la subcomisión de reforma pensional, el viceministro encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, dio a conocer las primeras puntadas de lo que podría ser la reforma integral al sistema de protección a la vejez, basada en la propuesta del presidente Gustavo Petro y que cumple con los ejes del Gobierno entre ellos justicia social.
A sus primeros 100 días en el mandato del gobierno nacional la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, aseguró que se trata de “una reforma estructural, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura”
En la subcomisión en la que tienen asiento representantes del sector gremial, de los sindicatos y del Gobierno Nacional con la información brindada por el Ministerio de Trabajo, la reforma propuesta que se discutirá en este espacio tripartito, se basará en tres pilares.
Un primer pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
Un segundo pilar contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
Y un tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, precisó que: “Es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.
La reforma según será presentada al congreso en los próximos meses está según la ministra pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población.
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