El Representante a la Cámara por el Cauca Óscar Rodrigo Campo Hurtado y presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos de esta corporación, en Audiencia Pública, hizo un llamado de atención urgente a las autoridades e instancias gubernamentales para abordar el tema del hacinamiento de detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata.
El Congresista señaló que “Todos los ciudadanos tienen derechos y deben ser respetados, por ello instamos para que esta gravísima situación que vulnera los derechos humanos se resuelva cuanto antes”.
Campo Hurtado manifestó que si bien es cierto el sistema penitenciario y carcelario del país sigue en crisis. “Se proponen reformas estructurales para enfrentarla, pero poco se habla de una situación compleja y delicada que lo aqueja. Ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y la prolongada e injustificada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar sus derechos”.
“El hacinamiento de detenidos en las Estaciones de Policía evidencia la flagrante vulneración de derechos de millares de colombianos, que además de no resolverse su situación jurídicamente de manera oportuna, deben someterse a cualquier tipo de ultrajes en su dignidad humana. Un estado social de derecho debe resocializar a quien comete un delito, pero lo que se vive hoy es una bomba de tiempo que está estallando a través de la reincidencia. Recuperar al ser humano de este estado de cosas, con una justicia oportuna, es una de las vías para mejorar los indicadores en DDHH y seguridad en el país”. Manifestó Campo Hurtado.
El parlamentario Caucano recordó que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario y que a pesar de que lo ha hecho en cuatro oportunidades la situación no cambia. La responsabilidad es compartida entre la nación y las entidades territoriales que muy poco o nada hacen para remediarla.
En la Audiencia pública de la Cámara de Representantes que preside Óscar Rodrigo Campo Hurtado se dio a conocer por ejemplo que según la Defensoría del Pueblo en el país hay 21.000 personas privadas de la libertad ubicadas en espacios habilitados para albergar 8.000.
Las condiciones en que se encuentran son deplorables. En un centro de detención de Cali en el que caben 15 personas hay 498 recluidas. El hacinamiento es del 3.220%.
En Bucaramanga las cifras oficiales señalan que el hacinamiento supera el 1.210%. Hay 550 detenidos en espacios que admiten 42 y ese es el panorama que se vive en casi la totalidad de las Estaciones Policiales de igual manera en las Unidades de Reacción Inmediata URI que ante la falta de instalaciones adecuadas vienen siendo utilizadas como centros de detención transitorios y cuyas cifras son además de vergonzosas ,escandalosas son altamente preocupantes ante la clara violación de los derechos humanos de los retenidos.
De otra parte preocupó el anuncio del Ministerio de Justicia de no invertir más recursos en las cárceles colombianas ante las nuevas políticas públicas del Gobierno que descarta la posibilidad de acudir a las asociaciones público privadas para diseñar, construir, dotar, operar o mantener la infraestructura carcelaria o penitenciaria; como también que los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se destinen con esos mismos propósitos y establezcan el equipamiento necesario para la seguridad, convivencia y establecimientos de reclusión que deberían ser determinantes en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial.
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