.@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022
El ministro de Defensa, Diego Andrés Molano Aponte, desmintió este miércoles al candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, del Pacto Histórico, sobre lo ocurrido en la vereda El Remanso, en Puerto Leguizamo, Putumayo.
Petro, en Twitter, dijo al respecto: «No es neutralización señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las Farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acaban definitivamente los ‘falsos positivos'».
En esta localidad, según lo reportado por el propio presidente Iván Duque el pasado lunes, «en operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)».
Las Fuerzas militares denunciaron que a los abatidos les fue incautado armas y munición.
Sin embargo, comunidades indígenas denunciaron la supuesta muerte de civiles en los hechos y los cuales estarían en una verbena organizada por la Junta de Acción Comunal de este sector.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) están denunciando que las Fuerzas Militares habrían presentado civiles como disidentes FARC muertos en una operación realizada el lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las organizaciones sociales denuncian que entre los 11 muertos que registró el Ejército Nacional, habría por lo menos 7 civiles: Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, un menor de Edad 16 años y Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa.
Asimismo, señalan que habría una persona identificada como Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como ‘Pequeño’ y ‘Cuéllar’, habitantes de la zona.
Según esa Red de Derechos Humanos, la comunidad reporta cuerpos desaparecidos, también informan desplazamiento de los habitantes de la vereda Alto Remanso, donde se realizó la operación militar.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló en este sentido: “Damos seguimiento a hechos presentados en Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo, donde perdieron la vida civiles, líderes comunales e indígenas. Llamamos a autoridades para que se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos al debido proceso y acceso a justicia”.
Por su parte, la Opiac entregó una versión de uno de los familiares de estas personas. Al parecer, antes de la operación del Ejército, las víctimas se encontraban en una ‘caseta comunal’ donde realizaban un ‘bazar’ en donde habrían recolectado ‘11 millones de pesos’ para las necesidades de la misma vereda.
La Opiac considera que es un ‘falso positivo’ por parte de las Fuerzas Militares, por lo que pide al ministro de Defensa, Diego Molano, retractarse de un trino en el que informa de la operación militar y solicita a la Fiscalía y a la Policía Judicial garantías para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.
Esa organización indígena indicó que Pablo Panduro Coquinche fue elegido como Gobernador del Cabildo Kichwa el pasado 15 de enero, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo.
La Defensoría del Pueblo, de otro lado, solicitó a las autoridades judiciales competentes el rápido esclarecimiento de los hechos, ocurridos el pasado lunes 28 de marzo.
«En medio de los hechos murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas», advirtió la entidad, pidiendo que «se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados».
No obstante, el jefe de la cartera de Defensa explicó que «a los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra: granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros. Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos».
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