Tan solo en enero del persente año se han presentado en el país 299 muertes violentas, 73 amenazas de muerte, 27 hostigamientos y ocho desplazamientos forzados más que en el mismo periodo de 2021.
Cifras que preocupan, pues el año pasado fue considerado por la Jurisdicción Especial para la Paz como el de los peores indicadores de violencia organizada desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
El asesinato de más de 30 personas por los enfrentamientos entre el ELN y las Disidencias de las Farc en el departamento de Arauca; los ataques simultáneos del ELN contra miembros del Ejército y la Policia que dejaron dos militares muertos y más de 20 heridos; y el asesinato de 15 lideres sociales, entre otros hechos, son algunos ejemplos de la violenta situación que se vivió en el país arrancando 2022 y que continúa presente, generando una enorme preocupación de los colombianos frente al deterioro de la seguridad.
Incluso la ONU se pronunció , frente a la grave situación de seguridad en el país por medio de un comunicado, pidiendo a los grupos armados un alto al fuego. “Representantes de la comunidad internacional hacemos un llamado a todos los grupos armados en Colombia, a declarar un cese al fuego y de hostilidades y respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil”.
Según cifras del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos, presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el 2021 fue el peor año en materia de violencia desde 2016, pues se registraron 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto armado en el país, de las cuales 24 fueron civiles.
Además se presentaron 93 masacres, 146 desplazamientos forzados, 228 combates entre la Fuerza Pública y Grupos Armados ilegales, 134 hostigamientos a la fuerza pública y 89 reclutamientos forzados a niños, niñas y adolescentes.
Las zonas más afectadas fueron Montes de María, Sur de Bolívar, Occidente antioqueño, Sur de Chocó y bajo Calima, Medio y bajo Atrato, Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca, Pacífico nariñense y sur de Cauca, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo, Sabana y piedemonte araucano, Nordeste antioqueño y Bajo Cauca, y Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú).
Dentro de su informe, la UIA también reportó el aumento en hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, durante 2021 el Clan del Golfo presentó 157 posibles infracciones, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del ELN.
Con relación a enero de 2021, la UIA reveló que se presentaron 37 amenazas de muerte, tres hostigamientos, 11 desplazamientos forzados, 15 enfrentamientos con la Fuerza Pública y tres entre grupos ilegales. Además de siete confinamientos, siete masacres, cuatro emboscadas y 18 líderes sociales asesinados.
Este panorama en vez de mejorar en 2022 parece ir de mal en peor, pues tan solo en enero se presentaron 110 amenazas de muerte, 30 hostigamientos, 19 desplazamientos forzados, 15 enfrentamientos con la Fuerza Pública y 15 entre grupos ilegales. Además de 14 confinamientos, 10 masacres, ocho emboscadas y 15 líderes sociales asesinados.
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