En la tarde de este lunes se desarrolló la lectura del fallo dentro del proceso disciplinario que adelantó la Policía Nacional contra la patrullera Andrea Cortés Guarín.
La funcionaria policial fue sindicada del hurto de una crema para los ojos, el 23 de junio de este año, en una droguería ubicada en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá.
En el fallo se afirma que la patrullera Andrea Cortés, la primera uniformada trans en la institución, incurrió en falta gravísima a título de dolo «por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio», y por ello, la Policía la destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.
En la lectura del fallo se describió la secuencia de las imágenes de la cámara de seguridad del local, video que apoya las conclusiones de la investigación según la cual no hay duda de que la patrullera Cortés se llevó la crema a conciencia y sin pagar y no hubo error por parte de la cajera. «No hay incongruencias entre lo dicho y visto en los videos», afirmó la funcionaria que adelantó el juicio disciplinario.
«Se identifica que la funcionaria de la Policía (la patrullera Cortés), en un descuido de la señora (la regente de la farmacia), toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa (…) y se retira sin pagarla», se indicó en la exposición del fallo.
En el proceso se vinculan dos facturas, una por 13.500 pesos por unas pastillas y otra por 10.000 pesos por unas gasas.
Según el fallo, la patrullera tomó la crema de contorno de ojos «por un valor de 141.000 pesos para su beneficio propio», lo cual quedó demostrado, según la sentencia, con base en la investigación adelantada en «hechos de tiempo, modo y lugar«. Para el despacho a cargo del caso, la patrullera actuó con dolo.
Se indica que en el momento de los hechos la patrullera no estaba trabajando pero sí estaba portando el uniforme, lo que la obligaba a un comportamiento ejemplar, ya que, destacó la encargada del proceso, ser policía y funcionaria pública la comprometía a un comportamiento sin tacha.
De igual forma, la funcionaria afirmó que no se le han violado los derechos a la patrullera y que nunca se le ha censurado por su «condición», refiriéndose a que Cortés era, hasta la fecha, la primera persona trans en la Policía.
Ellis William Reinel Vásquez, abogado de la patrullera le dijo que no van a apelar, sino que van a presentar la revocatoria del fallo «para que sea la Procuraduría General la que se pronuncie”.
«Fueron transfóbicos, homofóbicos y racistas al haber violado los derechos fundamentales de Andrea Cortés”, dijo.
La denuncia, conocida en su momento, señala que la regente de farmacia que atendió a la patrullera Cortés dijo que: «siendo las 7:35 p. m. ingresó al local una femenina, quien portaba un uniforme de la Policía Nacional, quien indagó por unos productos de belleza, la misma hizo un recorrido por el local y posteriormente se acercó a la caja para cancelar una caja de gasa y un sobre de migrinon por un valor aproximado de $13.000 (…)».
La denuncia agrega: «en el momento cuando la señora se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora».
De acuerdo con la denuncia, la vendedora se dio cuenta de la falta del producto en medio del conteo cíclico el 25 de junio y procedió a validar los registros fílmicos y relacionó a la patrullera Cortés con el hecho.
En mayo del 2018, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán le notificó a la Policía Nacional que la debía reconocer el derecho al desarrollo de la libre personalidad, la personalidad jurídica, la vida digna y la igualdad a Andrea Cortés Guarín.
Después de cuatro meses en Toribío, fue trasladada a Puerto Tejada, donde estuvo por dos años y desde hace unos meses fue enviada a Bogotá. En la capital trabajaba en una estación, en donde desarrolla actividades administrativas.
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