Renunció Secretaria general del MinTIC y contraloría cuestiona otro millonario contrato

Este martes, se confirmó la renuncia Adriana  Vanesa Meza Consuegra, secretaria general del. Dicen que es para que pueda adelantar su defensa en medio del escándalo por contrato con Centros Poblados y otros contratos suscritos.

La secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Adriana Meza Consuegra y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela,  también habría presentado su renuncia irrevocable.

Adriana Vanesa Meza Consuegra, oriunda  de  Barranquilla era la funcionaria de  mayor  confianza  de la  ministra  Karen Abudinen Abuchaibe.

Se  conoció  también  que en una actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la Nación  a cargo de  Felipe Córdoba Larrarte,encontró presuntas irregularidades en otro contrato del Ministerio TIC.

Esta vez, se trata de un convenio por $25 mil millones suscrito por el Área Metropolitana de Barranquilla, cuya junta es presidida por el alcalde Jaime Pumarejo, y el Fondo Único de las Tecnologías del Ministerio de las TIC.

En su informe, la Contraloría cuestiona que estén embolatados más de seis mil millones de pesos de ese convenio y que el Área Metropolitana de Barranquilla haya subcontratado directamente a la empresa Infotic S.A. para la implementación de una iniciativa que pretende transformar a la capital del Atlántico en una «ciudad inteligente».

Textualmente la Contraloría advierte: “Se observan debilidades en el proceso de selección objetiva por parte de la administración de Barranquilla en el proceso de contratación en el que resultó escogido el Infotic S. A.»

Así mismo, la Contraloría alerta que podría presentarse un sobrecosto en la ejecución de este convenio, pues se cuestiona que Infotic, empresa subcontratada que recibió los $25.000 millones del convenio, haya subcontratado a la empresa privada Nebula Engineering por $18.000 millones para la misión que les encomendaron a ellos.

Según el ente de control nacional, Infotic conocía que Nebula también había presentado una propuesta para quedarse con el contrato de los $25.000 millones.

«Podría presentarse un sobrecosto en la ejecución de este convenio, se cuestiona que Infotic cobró 25.000 millones por el contrato y a su vez subcontrata a la empresa privada Nebula Engineering por 18.000 millones para realizar el trabajo contratado. Con la salvedad que Nebula también había presentado oferta compitiendo contra Infotic», señala la Contraloría.

«Se configuraría una presunta intermediación innecesaria por parte de Infotic S. A., por cuanto estaría delegando directamente la actividad principal del contrato 007-2020 a la empresa Nebula Engineering S. A. S., lo que podría derivarse en un presunto sobrecosto de la actividad contractual», agrega el informe.

El ente de control no sabe qué sucedió con los $6.836 millones que quedan de diferencia del contrato que suscribió Infotic con Nébula; por ello, resaltó que existe «deficiencia en el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal» y que no se estableció «de manera identificable» qué se hizo con ese dinero.

«La Contraloría investiga qué se hicieron los 6.836 millones de la diferencia del contrato y lo califica deficiencia en el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal y no se conoce de manera identificable a dónde fue a parar ese dinero. Este es un margen de intermediación injustificado, eventualmente podría generar un mayor valor no sustentado en esa diferencia de precios”, precisó el reporte.

Como dato extra, la funcionaria que autorizó el convenio de los $25.000 millones, del que no se sabe dónde están los seis mil millones de pesos restantes, es Adriana Consuegra, secretaria general del Ministerio de las TIC, quien actualmente está siendo investigada por el polémico contrato de Centros Poblados con esta cartera y presentó  su renuncia en medio de  una  turbulenta situación.

Se espera una pronta respuesta de la Administración de Barranquilla y del Ministerio de las TIC con respecto a este tema, ya que es una investigación oficial de la Contraloría General.

Redacciòn