Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió imputar cargos contra Sergio Fajardo Valderrama, exgobernador de Antioquia, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito cuando ocupaba el cargo entre 2012 y 2015. Sin embargo, se precisó que no se solicitará medida de aseguramiento.
Los delitos por los que procede la imputación son “peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”. Asimismo, se compulsarán copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.
Según el ente acusador, existen evidentes elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en el contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.
En medio de la investigación, iniciada en el año 2015, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.
Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.
El precandidato presidencial y también ex alcalde de Medellín en su cuenta Twiter señaló acerca de esta decisión de la Fiscalía que “Por fin la Fiscalía atendió nuestra reiterada solicitud de respetarnos el plazo razonable y proceder, después de 5 años de proceso, a acusarme ante la Corte Suprema de Justicia. Actué correctamente y así lo demostraré”.
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