El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones declaró la caducidad del contrato que se le había otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados, tras el descarado escándalo generado por la presentación de unas garantías falsas que supuestamente había emitido el Banco Itaú.
Durante la audiencia a cargo de Adriana Vivas, Asesora del Viceministerio de conectividad y por resolución encargada y apoderada del caso, informó que se rechazó la solicitud de la Unión Temporal para que la Ministra, Karen Abudinen Abuchaide asumiera directamente el proceso.
Aseguró en la audiencia de la caducidad del contrato que no se presentó ninguna violación al debido proceso y se respetaron todos los derechos de la cuestionada Unión Temporal.
Agregó que en este caso no solamente se puede hablar de pérdidas económicas sino los efectos por la prestación de un servicio público en materia de internet para las zonas más apartadas del país.
La asesora reveló que el Banco Itaú en una comunicación que fue enviada al Ministerio informó que nunca expidió tres garantías en el proceso de la adjudicación del contrato correspondiente.
La decisión también establece una multa que supera los $ 39.015 millones, una inhabilidad a los integrantes de consorcio para contratar con el Estado por cinco años y se anunció que ante la correspondiente resolución no cabe ningún recursos de reposición
Subrayó que el Ministerio de tecnologías tras una evaluación jurídica cuenta con los argumentos válidos para la caducidad del contrato por la presentación de pólizas falsas, pero aclaró que nunca se ha puesto en duda la buena fe de la firma.
La Unión Temporal Centros Poblados recibió en licitación un contrato por 1,07 billones de pesos para cubrir la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, las cuales quedaron viendo un chispero.
Entre tanto El Fiscal general Francisco Roberto Barbosa Delgado advirtió que este caso lo está liderando el director Especializado contra la corrupción y se designó un grupo de tareas especiales del cual hace parte el temido fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán,para determinar las personas tanto al interior del Ministerio de las TIC como de los contratistas e intermediarios, que hicieron parte de esta trama delictiva .
Una de las líneas investigativas, tiene que ver con los funcionarios públicos involucrados o que trabajaron en la estructuración y evaluación de las pólizas y otros documentos precontractuales.
Otra línea de investigación está enfocada con el contratista; Una más en torno a la expedición de las pólizas para determinar cómo las fabricaron.
Y una más busca determinar a cómo se giraron esos recursos derivados del contrato de Fiducia y el contrato principal que se firmó y cuyos 70mil millones de pesos fueron a parar al exterior, para lo cual se pidió la ayuda del FBI.
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