Luego de la publicación de los acuerdos entre el Gobierno y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la entrega de vacunas contra el coronavirus, el Consejo de Estado admitió que hubo un error en el manejo de la información, que había llegado al alto tribunal en medio del estudio de una tutela.
Mediante un comunicado, el Consejo de Estado informó que en el marco de una acción de tutela contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se decretó como prueba el envío de la información «relevante» en el caso, entre esa unos contratos que habían sido entregados al tribunal.
Cumpliendo esa decisión sobre el envío de pruebas, el tribunal remitió la información, pero hizo la salvedad de que algunos de esos documentos tenían carácter reservado.
Uno de los que tenía esa reserva era, precisamente, el contrato entre Pfizer y Fiduprevisora para la compra de las vacunas.
«Tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación, perdió los atributos de seguridad con los que fue enviado», expuso el Consejo de Estado.
De acuerdo con el alto tribunal, se trató de un «error involuntario» y se adelantarán las investigaciones correspondientes al interior de la instancia judicial y determinar la responsabilidad ante semejante torpeza digital que tiene seriamente disgustado al Gobierno Nacional.
La revelación de los precios pagados a las farmacéuticas por las vacunas contra el covid-19 prendieron las alarmas del Gobierno, que desde el inicio de las negociaciones ha insistido en la importancia de mantener los contratos privados para respetar las cláusulas de confidencialidad.
«Estamos llegando a lo que parecería ser el final de la gran tramoya jurídica en la que el Gobierno y las farmacéuticas quisieron convertir la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al Gobierno entregarle al Instituto Anticorrupción una copia de los contratos de vacunas”, dijo Camilo Enciso, director del Instituto.
Enciso agregó que los contratos se habían tenido ocultos con dos objetivos; “impedir que Colombia y el mundo supiera a qué precios le habían vendido las vacunas a nuestro país, y poner un manto de oscuridad sobre las condiciones favorables a las farmacéuticas”.
Justamente ese ha sido un tema de discusión en el mundo, pues cada país ha pagado un valor diferente a las farmacéuticas por el mismo producto.
De acuerdo con información pública, el precio pagado por Colombia por dosis a AstraZeneca sería de lo más altos, pues Estados Unidos y Argentina pagaron US$4 por dosis, mientras la Comunidad Europea pagó entre US$2,19 y US$3,50.
La negociación con Pfizer, en cambio, habría sido más favorable, pues los US$12 girados por dosis son menos de los US$19,5 pagados por Estados Unidos, o el rango entre US$14,7 y US$18,9 de la Comunidad Europea.
Aunque en el Consejo de Estado dicha tutela fue rechazada por improcedente, los documentos enviados por el tribunal debían mantener la reserva con la que fueron enviados.
Sin embargo, por el llamado «error involuntario» se pudieron conocer los contratos con Pfizer y AstraZeneca.
Con la primera se realizó un acuerdo en febrero de este año para adquirir 9’999.990 dosis por valor, cada una de 12 dólares y con el compromiso de un pago anticipado de casi 20 millones de dólares.
Y en el caso del contrato con AstraZeneca, este fue para 9’984.000 dosis de la vacuna, cada una por 6 dólares: “AstraZeneca suministrará las dosis totales al comprador a un precio que excluye impuestos indirectos igual a 59″ millones de dólares, según se lee en los documentos revelados por varios medios de comunicación.
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