El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones en cabeza de Karen Abudinen Abuchaibe adjudicó en diciembre del 2020, un contrato por 1.1 billones de pesos con Comcel y la Unión Temporal Centros Poblados, para que estos contratistas se encargaran de instalar 15 mil centros digitales para conectar a internet las zonas rurales más apartadas del país. Sin embargo, a pesar de que el contrato inició en diciembre del año pasado, hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1% del mismo.
Así ha sido denunciado por varios medios de comunicación ante este presunto nuevo escándalo de corrupción por quienes conocieron el contrato y las resoluciones del mismo y aseguraron que, antes de que se adjudicara, en la entidad ya se había cuestionado y advertido públicamente la empresa que lo iba a ejecutar porque el contratista que se ganó la región B, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder llevarlo a cabo.
Han pasado ocho meses desde que la adjudicación la Unión Temporal Centros Poblados empezó a incumplir las metas propuestas y no estaba instalando los puntos digitales que estaban dentro del calendario de la entrega de la contratación.
Debido a estos incumplimientos, el Ministerio de Tecnologías empezó un proceso en contra el contratista por incumplimiento. En la audiencia contra la empresa se reveló que había presentado una garantía falsa del Banco Itaú. Esto llevó a que se iniciara un proceso de caducidad que terminó el pasado lunes 19 de julio y con el que se le informó al contratista que tiene 10 días hábiles para que inicie el proceso de reposición sobre el acto administrativo.
Debido a este proceso, se dieron cuenta que existe “una presunta ‘fábrica’ de documentos apócrifos” para obtener contratos públicos y que de esta manera la empresa logró ganarse el contrato con el MinTic, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios, en la cabeza de esas irregularidades se encuentra el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, constructor de grandes obras de infraestructura. De igual forma, aparece Rave Agencia de Seguros Ltda.
El contratista que se sabía, no contaba con la experiencia necesaria, porque tiene empresas que no tienen nada que ver con el sector de las telecomunicaciones, para abril del 2021 solo contaba con un avance registrado del 1,2% y aunque también recibió el 10 de febrero un anticipo por $70.243 millones de pesos que equivalen al 7% del valor del contrato no ha instalado ni un solo punto de los que deben responder en el contrato.
En el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, Molina y Juan José Laverde figuran como representantes legales y hasta el momento el Ministerio no ha entregado información oficial de las consecuencias que puede traer este incumplimiento y qué medidas tomarán al respecto.
Tras la polémica, la ministra TIC, Karen Abudinen, tuvo que salir a dar explicaciones sobre una gran cantidad de dinero que está envolatada. Son 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsarle MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia.
La ministra aseguró que está dispuesta a buscar hasta la extinción de dominio para recuperar el último peso de los $70.000 millones que ya se desembolsaron: “Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí si es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”.
Agregó que el contrato es inejecutable, lo que significa que al día de hoy es como si no hubiera contrato. Adicionalmente, informó que ya se abrió un proceso administrativo contra la interventoría por incumplimiento.
“No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter.
La funcionaria informó en las últimas horas que los entes de investigación ya conocen del caso y que espera den resultados prontos sobre este episodio que pone en el «ojo del huracán» pues están envolatados 70 mil millones de pesos que fueron a parar a una empresa con garantías falsificadas y sus contratistas estaban investigados.
Las primeras conclusiones de este escandaloso caso es que los asesores y mandos medios de la Ministra cuya responsabilidad política está entredicho, fallaron contundentemente a la hora de dar el visto bueno para firmar este millonario contrato y ahora deberán responder ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría .
Desde varios sectores políticos de oposición al actual gobierno se está pidiendo la renuncia inmediata de la Ministra Karen Abudinen Abuchaibe.
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