El Ex Vicepresidente de la República y ex ministro de Estado Germán Vargas Lleras jefe máximo del Partido Cambio Radical nuevamente ha dirigido duras críticas a la reforma a la justicia aprobada por el congreso de la república, de la cual aduce no resuelve los problemas de fondo que atañen este órgano del poder, como también el proyecto de reforma impulsado por la procuradora Margarita Cabello Blanco, que también se aprobó por el legislativo.
“Podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia”, escribió entre otros apartes Vargas Lleras, en su columna habitual de los domingos publicada en el diario EL TIEMPO.
“No fue capaz el Gobierno, tampoco el Congreso, de impulsar una verdadera reforma de la justicia que se ocupara de los temas críticos: seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, acceso y descongestión, entre muchos otros” sostuvo Vargas LLeras.
“Pierde, además, con esta ley la Contraloría su capacidad para inhabilitar a los funcionarios fiscalmente responsables, hasta que sus decisiones no sean confirmadas por autoridad judicial. Aplauden los corruptos” dijo el ex vicepresidente en su columna dominical.
El jefe de Cambio Radical precisó que “Con la excusa de incorporar a nuestra legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, inició su trámite este proyecto. Lo primero sea decir que discrepo sobre la obligatoriedad del país de aceptar que esta corte esté facultada para reformar o interpretar con carácter vinculante nuestra Constitución. Yo creo que al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, deberíamos sustraernos de esta jurisdicción. Pero si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente”
“Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley” sostuvo.
Vargas Lleras reveló que anualmente prescriben 1.700 procesos. En estudio del BID se encontró que, para 2019, de 79.731 quejas, solo se profirieron 921 fallos sancionatorios.
Al tiempo que establece “Pero la pregunta de fondo es para qué sirve la Procuraduría. Hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año”.
Finalmente Vargas Lleras sostiene que “Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno. Hagan sus apuestas”.
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