En un repugnante hecho que para muchos recuerda la oscura época del paramilitarismo y la aberrante guerra entre partidos tenía 23 años y trabajaba ayudando a su padre en una ferretería.
Su cabeza fue hallada en una bolsa plástica el sábado 19 de junio en el corregimiento de Aguaclara, horas después de que al joven se le viera montando en bicicleta.
Algunas manifestaciones de violencia que se han presentado las últimas semanas en Colombia, en el marco de las movilizaciones del paro nacional que comenzó el 28 de abril, han hecho recordar una de las épocas más dolorosas del país, cuya verdad aún no acaba de esclarecerse: la del paramilitarismo y también de las guerrillas.
Sus familiares han desmentido que el joven integrara el grupo de la ‘Primera Línea’ de las movilizaciones en Tuluá y que no tenía ninguna clase de amenazas.
En redes sociales circuló el rumor de que había sido detenido por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, señalado por ONG como Temblores y Human Rights Watch de abusos de autoridad y presuntos asesinatos de jóvenes durante las protestas del paro nacional. Pero la versión de dicha detención fue desmentida por la institución.
El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez. De acuerdo con el mandatario local, no hay pruebas de que Santiago Ochoa haya participado en este grupo, encargado de defender la vida de quienes se movilizaron, en especial tras los casos de abuso policial sobre las jornadas de protesta.
“No hay indicios que sigan que pertenecía a este grupo, salvo lo que hemos investigado de sus antecedes en el Espoa y en las bases de datos del municipio de Tuluá”, afirmó Gómez.
El alcalde también se refirió a los antecedentes de Santiago Ochoa por portar sustancias alucinógenas:
“El joven lo único que presenta es una anotación por violar el Código de Convivencia al ser encontrado en el pasado con sustancias alucinógenas, pero esto no significa que el homicidio haya sido en relación a dicha anotación”.
Por información que permita dar con los responsables del crimen, la Policía ofreció $ 10 millones de recompensa, mientras que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ofreció hasta $ 100 millones más.
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