Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de reforma al Código Disciplinario que promueve la Procuraduría General de la Nación.
Con esta iniciativa se busca cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro y tomar medidas para evitar que prescriben cerca de 10 mil procesos disciplinarios por la entrada en vigencia de un código aprobado hace varios años.
La Ley buscará fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, busca que a la Procuraduría se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
El articulado está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.
«Gracias por entender que lo que estaba en juego no era burocracia ni una serie de falsedades que se tejieron alrededor de medios de comunicación en el país», aseguró la procuradora Margarita Cabello Blanco.
Varios congresistas se opusieron al proyecto al señalar que con el proyecto se crea burocracia adicional y que no se cumple con la sentencia de tribunal internacional.
«Para poder desacatar la sentencia de la Corte Interamericana, ocurre este acto de corrupción: inhabilitar a toda la oposición para que no pueda votar el proyecto», aseguró el senador Gustavo Petro.
La nueva ley estatutaria, una vez sancionada por el presidente Iván Duque contemplará que como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
Así las cosas, la Procuraduría tendría que contratar más personal -los funcionarios judiciales tendrían sueldos de entre 10 y 30 millones de pesos- y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus nuevos trabajadores.
El ente de control cuenta con cerca de 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de $724.000 millones anuales. Cada empleado de planta le cuesta al Estado $175 millones al año.
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