Este domingo 17 de mayo se ha llevado a cabo la primera reunión de la negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro. Fue más para que las partes expresaran sus preocupaciones antes de empezar formalmente a negociar.
Por una lado, el Gobierno llegó con el interés de que el Comité debería abogar para que se suspendieran todos los bloqueos y cesaran las acciones de vandalismo y de violencia en las marchas, mientras que la contraparte vino para pedir garantías para la protesta, desmilitarización y una orden explícita para que a quienes protestan la Fuerza Pública no los ataque. No en vano plantó 19 puntos previos a la iniciación de la negociación.
Obviamente que como toda negociación no se esperaba que el primer día hubiesen resultados concretos.
Por eso, en la noche de este domingo, cuando decidieron que este lunes continuarían, sin que se pudiera hablar de conclusiones, la sensación es que se inició un proceso. No hubo desazón.
La delegación del Gobierno estuvo integrada por los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón; de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; y del Interior, Daniel Palacios. También estaban Amparo García, subdirectora de Planeación; Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera presidencial para los derechos humanos; y, como coordinador, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
Por el lado del Comité del Paro estuvieron delegados de los 26 sectores sociales que hacen parte de este colectivo.
Solo en la fase de saludos y presentación de las personas que van a participar en la negociación fue casi un hora.
Pero tan pronto tomó la palabra Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, leyó un extenso documento del Comité del Paro denominado ‘Exigencia de garantías para la protesta y para las mesas de negociación’.
En otras palabras, las condiciones para comenzar a negociar. Tiene dos ejes: garantías para la protesta y garantías para la mesa de negociación.
El primer punto que plantean son las medidas inmediatas que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes.
Allí, entre otros asuntos, piden que el Gobierno debe abstenerse de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al derecho a la protesta social, entre ellas la declaratoria del estado de conmoción interior.
Igualmente, que se retire al ejército y al Esmad completamente del control de las protestas y ordenar a la policía que se abstenga de utilizar armas de fuego.
Además, que el Presidente reconozca que existe responsabilidad de la Fuerza Pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y manifestación pública.
Y que el ministro de Defensa presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza cometido por el Esmad y la Fuerza Pública en el marco de las protestas. “Deberán ser retirados del servicio los mandos de la Fuerza Pública comprometidos en estos abusos”, señalan las peticiones.
Paralelo a lo anterior, piden que se adopten de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual contra las mujeres en el marco de las protestas, ejercida por la Fuerza Pública, empezando por prohibir que la policía lleve a las mujeres en vehículos y a lugares masculinizados.
Pero no se quedan solo en esto, sino que piden que haya mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes.
Paralelo a lo anterior plantean como necesario establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma de la Policía Nacional.
Tras escuchar todos estos puntos, se determinó hacer un receso para evaluar lo que se estaba pidiendo. “El Gobierno está estudiando lo que nosotros planteamos”, dijo Arias.
Miguel Ceballos, comisionado de Paz y vocero del Gobierno, dejó en claro que la mesa de negociación aún no se instala, pues el documento presentado por el Comité debe ser analizado por el Gobierno Nacional.
“Hemos acordado que mañana (este lunes) a las 2 de la tarde estaremos trabajando de nuevo”, dijo Ceballos, quien agregó que el Gobierno necesita identificar los puntos a los que se refiere el documento.
Explicó que muchos de ellos tienen relación con el Ejecutivo, otros son del resorte de otros poderes.
Dijo que el ministro del Interior, Daniel Palacios, que estuvo invitado, dio algunas respuestas en las que recalcó que en este momento los bloqueos están interrumpiendo la libre movilidad de medicamentos y de alimentos, por lo que el Gobierno insiste en que no haya más obstrucciones.
“Los estudiaremos dentro del marco legal y constitucional”, dijo Ceballos al referirse a las propuestas del Comité.
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