El departamento del Cauca sería una de las regiones por donde se implementaría la aspersión aérea con glifosato de narcocultivos.
Este lunes el presidente Iván Duque firmó un decreto del Ministerio de Justicia en el que se establece cómo funcionaría, no obstante el documento define cómo serían esas fumigaciones y recuerda las condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) les dé vía libre a las fumigaciones.
La normativa establece, por ejemplo, una constante revisión de riesgos en salud y afectaciones del medioambiente, confirman a la Policía como ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), y crea lineamientos para recibir quejas, entre otros puntos.
También se establece que el CNE, para evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas y la protección de la salud y el medioambiente, puede ordenar pilotos de aspersión para establecer la procedencia de su ejecución en todo el país.
Además, el decreto establece que cuando la ejecución del programa pueda afectar directamente a comunidades étnicas debe adelantarse el proceso de consulta previa.
También determina que la Policía deberá enviar un informe mensual sobre las áreas en las que haya asperjado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fonvivienda.
En este sentido se pronunció el ministro de la Defensa, Diego Andrés Molano Aponte, quien señaló: «El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes».
Con el texto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos”.
Para Molano Aponte , el operador del programa no realizará operaciones de aspersión en cultivos de pancoger, la naturaleza de estas operaciones se enfocará en cultivos de coca plenamente identificados a través de sensores remotos y verificados mediante el empleo de plataformas aéreas georreferenciadas y coordenadas geográficas.
Puntualizó el ministro que «aquí los únicos preocupados por la aspersión aérea con precisión contra la coca, que vamos a comenzar, deben ser los delincuentes que se lucran de este negocio criminal y quieren someter a nuestra población campesina a una nueva esclavitud».
El decreto, que el Gobierno celebra como un paso más para las aspersiones, como parte de las estrategias contra los cultivos ilícitos, ya ha recibido críticas desde distintos sectores de opinión y algunas comunidades están expectantes y en alerta ante esta decisión que generaría mayor crisis social e impactaría fuertemente las economías locales que literalmente viven alrededor de las siembras y procesos de la producción de coca que surte un mercado de más de 120 millones de consumidores Norteamericanos, Europeos, Asiáticos y Latinoaméricanos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el decreto «no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos».
Para el funcionario, se excluyen de la aspersión aérea los parques naturales regionales, ecosistemas estratégicos, como páramos y manglares.
El decreto se suma a otro requisito que es tener un concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los posibles riesgos en salud. Fuentes de la institución confirmaron que ese concepto, que se hizo luego de un estudio de riesgos encargado a la Universidad de Córdoba, ya se entregó al Ministerio de Salud.
Pero aún falta otro requisito impuesto por la Corte: un concepto de los riesgos ambientales, que debe dar la Anla, que debe aprobar la modificación del plan de manejo ambiental (PMA) del Pecig.
En diciembre la Anla hizo una audiencia con este propósito, pero aún no se ha pronunciado sobre el PMA. Esto, en parte, por una tutela de comunidades de Nariño contra una resolución del Ministerio del Interior que decía que para las aspersiones no se necesitaba hacer consultas previas en las comunidades.
Esa tutela no se ha resuelto, pero la magistrada del Tribunal Superior de Pasto que tiene el caso suspendió provisionalmente la resolución, lo que dejó en vilo la audiencia de la Anla y la decisión que debe tomar sobre la modificación del PMA del Pecig.
Por otra parte, otro de los requisitos de la Corte Constitucional es que debe priorizarse la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual sobre la aspersión, que, expuso la Corte, debe ser la última opción.
Solo después de que se cumplan esos requisitos, el Gobierno podría citar al CNE, encargado de dar luz verde para la reanudación de las fumigaciones aéreas.
Lo que por ahora queda claro es que será el Cauca uno de los departamentos en donde se priorizará para reiniciar esta actividad para combatir y reducir la siembra de más de 200 mil hectáreas que están sembradas en todo el país.
De acuerdo con un reciente informe, cuatro departamentos concentran el 78 por ciento de las matas de coca sembradas en el país. Estos son: Nariño (66.964 hectáreas), Norte de Santander (47.711), Putumayo (26.973) y Cauca (27.356).
El informe de la ONU indica que para muchos grupos ilegales les resulta más económico en términos de inversión este producto, pues una sola hectárea de coca puede tener entre tres y cuatro cosechas al año y por sus propiedades agronómicas, el cultivo es viable en diferentes pisos térmicos sin afectar la calidad. Colombia pasó de producir 5,2 a 6,5 kilos de coca por hectárea.
Los mayores enclaves productivos son Catatumbo (Norte de Santander); sectores de los municipios de Tumaco, El Charco y Olaya Herrera (Nariño); la zona de El Naya (Cauca y Valle del Cauca); sectores de los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres (Antioquia); sectores de los municipios de Argelia y El Tambo (Cauca); y sectores de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís (Putumayo).
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