El ente acusador anunció que es investigado por, supuestamente, entregar $300’000.000 para que la entidad fuera favorecida en un proceso de reorganización que se seguía en la Superintendencia de Salud.
La Fiscalía General de la Nación aseguró tener nuevos elementos de prueba que vincularían a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, ex representante legal de Asmet Salud EPS y ex gerente general, en otros hechos de posible corrupción ocurridos mientras ejerció como directivo de la citada Empresa Prestadora de Salud del régimen subsidiado en el Cauca.
De acuerdo a la Fiscalía Aguilar Vivas, al parecer, habría entregado $300’000.000 a Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de recibir ayuda para resolver favorablemente un plan de reorganización presentado por la EPS. La señora Carrascal Cantillo también será imputada por estos mismos hechos próximamente.
Hay indicios de que, en el trascurso 2017, presuntamente hubo reuniones entre Aguilar Vivas y la entonces funcionaria para concertar un modelo de mejoramiento financiero y administrativos de Asmet Salud. A finales de ese año, supuestamente, se hizo una entrega de $50’000.000.
Posteriormente, en enero de 2018, el exrepresentante legal de la EPS habría dado el excedente del dinero ($250’000.000) y habría recibido a cambio la resolución de reorganización que le permitió a la entidad seguir en funcionamiento.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas el delito de cohecho por dar u ofrecer. El cargo no fue aceptado por el investigado.
Aguilar Vivas, fue judicializado recientemente y permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento domiciliario decretado por un juez de garantías por la supuesta apropiación de más de 21.000 millones de pesos del Sistema General de Salud del Régimen Subsidiado .
Eva Katherine Carrascal Cantillo ocupó durante más de tres años un cargo de mucha influencia y poder en la Superintendencia Nacional de Salud.
Carrascal era la poderosa superintendente delegada para la supervisión institucional, manejaba cerca de 150 personas en su equipo y, luego del superintendente, ostentaba el cargo más importante en la entidad.
De hecho, Carrascal Cantillo podía fundamentar una medida de intervención. En enero del 2018 la Procuraduría General decidió suspenderla porque supuestamente se aprovechaba de su poder para cobrar coimas a algunas EPS e IPS a cambio de no sancionarlas.
Casi un año después, la Fiscalía decidió capturarla justamente por haber probado a través de audios que esta práctica sucedía. Según en el ente investigador, Carrascal utilizó información privilegiada y así se beneficiaba de su poder.
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