Al conocerse que este miércoles la Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A, por el entonces gobernador Sergio Fajardo Valderrama, se ha generado múltiples críticas jurídicas y políticas al ente investigador.
El contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo Valderrama se desempeñó como gobernador de Antioquia. El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito.
Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial según la Fiscalía evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.
El anuncio por parte de la Fiscalía de que imputará a Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en contrato con Corpbanca durante el periodo que se desempeñó como gobernador de Antioquia, ha suscitado un verdadero maremoto político.
Esta noticia por supuesto ha originado en estas primeras horas del día un verdadero revuelo, ante la proximidad de las elecciones presidenciales, debido a que Sergio Fajardo es uno de los integrantes de la alianza denominada Coalición de la Esperanza, donde participará junto a otros precandidatos en una consulta en marzo de 2022.
Varios líderes políticos ,dirigentes gremiales y reconocidos penalista, se han pronunciado frente a este hecho, entre ellos Gustavo Petro, candidato presidencial y jefe de la oposición política en Colombia, lo mismo que Antonio Navarro, Ángela María Robledo y el senador Feliciano Valencia, Iván Marulanda, Humberto De La Calle, Juan Manuel Galán Pachón, Angélica Lozano Pablo Felipe Robledo, Alejandro Gaviria, Luis Fernando Mejía, Francisco Bernate, entre otros ,quienes han coincido que esta decisión de la Fiscalía tiene más bien un tufillo político que jurídico, lo que califican como exabrupto.
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