Declarada la alerta por la autoridades de estado de calamidad pública en el Alto Baudó, en el departamento de Chocó, ésta se mantiene, debido a los desplazamientos de personas provocados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El alcalde de Alto Baudó, Ulises Palacios, insiste en una mayor presencia de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad y evitar más desplazamientos, ya que a la fecha 2893 familias huyeron por la violencia y otras 1310 fueron confinadas, lo que supone que el 70 % de la población resultó afectada.
Frente a esto, la Procuraduría General de la Nación también alertó por la situación que se vive en esta zona del país, ya que en inmediaciones del resguardo Alto Río Baudó Chiro Jurubirá, del pueblo indígena Embera Dobidá Mohamía, resultaron heridas dos mujeres, de las cuales una falleció.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo aseguró que “la comunidad está sin alimentación, sin recursos y confinadas y otras en desplazamiento. Se inició en la zona una misión de verificación para monitorear la evolución de la calamidad pública”, que fue declarada para atender la crisis humanitaria.
Pese a la presencia del Ejército, algunos indígenas permanecen confinados en sus casas, no salen a sus labores de caza ni pesca, ni a la recolección de alimentos por temor a quedar en medio del fuego cruzado o pisar minas antipersonal.
La Procuraduría General ha exhortado a las autoridades del orden nacional y territorial para que se tomen las acciones pertinentes para garantizar la vida e integridad de estos pueblos étnicos y se garantice la ayuda humanitaria a las familias desplazadas y confinadas.
El año 2020 significó en muchos territorios el aumento de la violencia, incluso cuando desde marzo se entró en aislamiento preventivo obligatorio este panorama no se redujo ni en ese momento ni en los meses entrantes. En ese año se registraron cerca de 90 masacres, el asesinato de más de 300 líderes/as sociales, y de 64 firmantes de paz, y aunque durante el inicio de 2021 el panorama no parece cambiar mucho, es necesario continuar haciendo una radiografía de lo sucedido en el año pasado para seguir instando a que se tomen medidas de forma urgente.
Recientemente desde la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), se presentó un informe que da cuenta de la situación de desplazamiento forzado y confinamiento durante el 2020, lo cual, entre otras cosas, sigue demostrando como se ha acentuado el deterioro de la seguridad en el país, afectando mayormente a zonas que históricamente han estado atravesadas por el olvido estatal.
Así, hay que señalar que los desplazamientos masivos dejaron más de 25.300 personas víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias desplazadas en 94 eventos masivos, nombrando que una de las principales razones que desencadenaron esta crítica situación fueron los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales durante el año pasado demostraron estar fortalecidos y además ganando territorio en el país.
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