Un revelador informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que el año pasado del 2020 documentó 76 masacres, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales.
Este 2021, esta organización que examina la implementación del Acuerdo de Paz, informó que, a corte de 22 de febrero, han registrado 21 casos de homicidios contra defensores de DD. HH., y 6 masacres documentadas y 5 en verificación, que han dejado a 21 víctimas.
De este modo, «desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014″, sentencia. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos.
Asimismo, en 2020,el organismo Internacional conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 90 están documentados y 25 en seguimiento. En 2019 108 asesinatos de defensores de DD. HH.
Por lo que la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. Así lo advierte el informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado este martes, que reveló la preocupante situación de violencia que vive el país.
«Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca; 77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde existen ‘enclaves de producción de coca'», advierte el informe.
De los casos verificados, el 25 por ciento fueron presuntamente cometidos por grupos criminales, 15 por ciento por grupos de disidentes de las Farc, 13 por ciento por el Eln, y el cuatro por ciento por integrantes de la policía o del ejército.
Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
Respecto al asesinato de los antiguos integrantes de las Farc en 2020, la ONU registró 73 víctimas, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
La espiral de violencia en Colombia también causó desplazamiento, este organismo señala que hubo 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas.
Ante este escenario, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que «preocupa la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas quehayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».
En este mismo sentido, la Onu le insiste al Gobierno en que «la implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia».
Finalmente aunque la ONU señala que valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, «le preocupa la persistencia de retos en la identificación y persecución penal de los autores intelectuales y resalta la necesidad de desmantelar las estructuras criminales detrás de ellos».
Entre las recomendaciones al Gobierno, la ONU exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a una mejoría de la situación de derechos humanos e insta al Estado a redoblar esfuerzos para establecer una presencia integral más fuerte, a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y grupos criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.
Fotos: Ernesto Guzmán Jr.
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