El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez ultima detalles de lo que será una nueva reforma tributaria la cual será presentada unas vez se inicie la legislatura del Congreso de la República, que incluirá la eliminación de exenciones y un paquete para mitigar el efecto social que ha traído la pandemia.
De acuerdo con el propio mandatario, luego de recibir el informe de la comisión de expertos en beneficios tributarios, “pensaremos en presentar, en algún momento empezada la legislatura, una propuesta donde tengamos un gran componente social y fiscal que nos permita eliminar la pobreza extrema en el país, atender a las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible y solidario, y dejar resuelto el horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas de Colombia”, aseguró.
Una de las apuestas del gobierno tendrá que ver con las exenciones del IVA, y que en varias ocasiones tanto funcionarios del Gobierno como algunos expertos han señalado que se deberían eliminar, teniendo en cuenta que en 2019 le costaron al país $74,9 billones de los $92,4 billones del total de los beneficios tributarios. Ese panorama, sumado al alto gasto público, tiene como consecuencia que el hueco fiscal asciende a 2 puntos del PIB, unos $20 billones.
“El problema es que hay muchos productos que no tienen IVA, y por qué a personas como yo no se les cobra. (…) Un mecanismo que debemos hacer es devolver el IVA. Logramos el año pasado devolverle el IVA a 1 millón de familias y, este año, llegaremos a 2 millones”, manifestó Duque.
Juan Alberto Londoño Martínez, viceministro de Hacienda, ha manifestado igualmente que algunos de los principios que van a regir la propuesta que llegará al Congreso en los próximos meses y el cronograma que tendrá el Gobierno en ese frente, pues se requieren con urgencia entre 15 y 20 billones de pesos.
Según Londoño, el Ministerio de Hacienda y la Dian presiden la Comisión y han trabajado con expertos en varias mesas técnicas. “En este proceso se han escuchado y revisado las propuestas y recomendaciones con el liderazgo de la secretaría técnica de la Ocde. Posterior a la presentación del primer informe, se hará un balance de las recomendaciones, y se analizará su impacto con el fin de incluirlas en un proyecto de ley. Las fechas para ello son contingentes al avance de la pandemia y la recuperación de la economía”.
En cuanto a los componentes del proyecto, el viceministro explicó que la propuesta tendrá modificaciones en el recaudo de impuestos y en la distribución de recursos por medio del gasto público. “El Gobierno considera que es necesario implementar modificaciones en los dos frentes. Lo anterior, con el fin de lograr una mayor equidad en el país, mientras que a la vez se asegura la solvencia del Estado. Para este fin, se pondrá a consideración del Congreso un proyecto de ley que aborde de forma integral estos elementos, incluyendo modificaciones al recaudo de impuestos, el gasto público y las restricciones que debe seguir la formulación de la política fiscal”, explicó.
Sin embargo, Londoño confirmó que teniendo en cuenta la coyuntura por la pandemia y la reactivación económica, los principales efectos de ese paquete de propuestas se empezarían a ver desde el 2022. “Con el fin de generar más certeza sobre las perspectivas fiscales del país, en los próximos meses se pondrá a consideración del Congreso un proyecto de ley que busca lograr una mayor equidad en el país. (…) En la medida en la que buena parte de estas medidas tendrán vigencia a partir de 2022, se deja un margen de tiempo suficiente para permitir que se consolide la recuperación de la economía”.
Ante la posibilidad de que Ecopetrol compre la participación de la Nación en ISA, y por lo que recibirían más de $14 billones, el viceministro explicó que eso servirá para fortalecer los activos estatales del país.
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