Este lunes 8 de febrero, avanza en la Corte Interamericana la audiencia de las víctimas de la Unión Patriótica, delegados del Estado colombiano y peritos.
Lo que está en juego es el pleito más grande en curso en ese tribunal internacional y que se reconozca, o se descarte, la responsabilidad del Estado en el exterminio de todo un grupo político.
Desde San José de Costa Rica, pero con activa participación virtual desde Colombia, comenzará una audiencia internacional esperada desde hace 28 años. A instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se adelanta un debate de cuatro días sobre un asunto crucial en la memoria de Colombia: la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido en un acuerdo de paz en 1985, que hoy acredita 6.002 víctimas de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas.
No obstante, desde antes de constituirse como movimiento político, a los integrantes de la UP comenzaron a matarlos. En sus registros detalla que, previo a su primera incursión electoral ya contabilizaban 247 víctimas entre militantes, activistas, dirigentes y candidatos. Tras las elecciones de marzo de 1986, en los primeros meses de la era Barco, fueron asesinados tres de los legisladores elegidos: los representantes a la Cámara Leonardo Posada Pedraza y Octavio Vargas Cuéllar y el senador Pedro Nel Jiménez Obando. Al año siguiente, fue sacrificado su primer candidato presidencial: Jaime Pardo Leal.
Los líderes de la UP denunciaron planes de exterminio enredados en telarañas de guerra sucia, pero en vez de que se frenara la violencia contra sus militantes o de que la justicia castigara a los responsables, el terror se incrementó con víctimas de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y exilios.
El éxito de la UP en la primera elección popular de alcaldes, en marzo de 1988, en el nordeste de Antioquia, Urabá y el Meta determinó una arremetida contra sus bases políticas, con un rosario de masacres que dejaron el retrato de una época violenta, que concluyó en el asesinato de su segundo candidato presidencial: Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990.
En cuentas de la UP, ya sus muertos pasaban de mil, entre alcaldes, concejales, diputados, dirigentes agrarios, personeros, gobernadores de cabildos y, por supuesto, congresistas. En medio de esta ofensiva, por obvias razones, su retroceso electoral fue inevitable.
Si bien intervino en la constituyente de 1991 a través de la delegada Aída Avella, también mantuvo participación legislativa en la era Gaviria y continuó sumando víctimas en los territorios. Las nuevas instituciones de justicia no aportaron mayores avances contra la impunidad, pues no hubo contención del Estado frente a nuevos crímenes.
Ante el estado de indefensión y la falta de respuestas del Estado a las denuncias contra los planes de exterminio, la Corporación Reiniciar, orientada por Jahel Quiroga, exconcejal de Barrancabermeja (Santander), radicó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la responsabilidad del Estado.
Eso explica por qué, durante la audiencia del 8 al 12 de febrero, los tres grupos deben repartirse el tiempo otorgado a las víctimas, en proporciones iguales a la Comisión Interamericana y el Estado colombiano. No obstante, entre diferencias y acuerdos, unos y otros tienen una perspectiva afín: muchas víctimas murieron esperando justicia y reparación; otras están en silla de ruedas, enfermas o achacadas por la vejez; la mayoría no ha tenido servicio de salud, muchos siguen perseguidos o no pudieron regresar del exilio; pero todos esperan que el Estado reconozca por fin su responsabilidad.
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