La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía General de la Nación, tras la renuncia del jefe del Centro Democrático a su curul en el Senado.
Luego de que se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviarle a la Fiscalía General el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en la tarde de este lunes el Fiscal General Francisco Barbosa se desplazó hasta las instalaciones del alto tribunal para reunirse con los magistrados de esa sala.
La entrega del expediente operaría porque los delitos por los que es procesado Uribe (fraude procesal y soborno en actuación penal) no tienen relación directa con la función congresional.
Aunque fuentes de la Corte Suprema y la misma defensa del exmandatario aseguran que aún no hay una notificación oficial sobre el tema, en la mañana de este lunes se conoció que el alto tribunal decidió enviarle a la Fiscalía la investigación contra Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, luego de que él renunció al Senado y perdió su fuero.
Como se recordará el expresidente Uribe Vélez renunció al Senado en una carta en la que reitera sus críticas a la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal en el que, según él, no tiene garantías y del que ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados que llevan su caso, la valoración de pruebas, testimonios, entre otras actuaciones judiciales.
Desde entonces, la defensa de Uribe y varios sectores han insistido en que, por la renuncia, Uribe perdió su fuero y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia ya no tiene la competencia para seguir investigándolo.
La razón fallada en derecho por el alto tribunal de justicia es que según esas posiciones los presuntos delitos cometidos por Uribe, aunque son de épocas en las que él estuvo en el Senado, no tienen ninguna relación con sus funciones como congresista por lo que la Sala de Instrucción no podía seguir manteniendo la competencia para investigarlo por esos hechos.
Esa tesis también fue sostenida y sostenida con vehemencia por la Procuraduría General que, en un concepto de 21 páginas, le pidió a la Corte Suprema que el proceso de Uribe de inmediato pasara a la Fiscalía, afirmando que los presuntos delitos que se le endilgan son comunes y no tienen relación con su fuero de congresista.
Sin embargo, para otros abogados y para el senador Iván Cepeda, quien ha sido considerado en este proceso como víctima, el caso de Uribe no debía salir de la órbita de la Corte Suprema.
La explicación que ellos daban es que en el expediente el alto tribunal menciona que, como senador, Uribe supuestamente usó a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para contactar a presos en cárceles del país para que se retractaran de afirmaciones en las que lo relacionaban con el paramilitarismo o declararan en contra de Cepeda.
Cepeda también había dicho que todas estas acciones de Uribe partieron de un debate de control político que él le hizo en el Senado, por lo que desde esa postura también se podía considerar que los hechos tuvieron relación con las funciones de Uribe como congresista.
Pero ahora, con la determinación de la Sala de Instrucción, el proceso que se inició en la Corte Suprema en el 2018 deberá pasar a la Fiscalía General.
Fuentes aseguran que como la ley por la que investigaba la Corte Suprema a Uribe (ley 600) es distinta a la ley por la cual la Fiscalía General lleva sus procesos sobre hechos posteriores al 2005 (ley 906), esto tendría implicaciones en el proceso del expresidente.
En cambio, la defensa de Uribe ha dicho que el cambio de jurisdicción no le permitiría la libertad inmediata al exsenador ni tampoco cambiaría el momento procesal en el que se encuentra su caso.
En la Corte Suprema de Justicia el proceso seguía en etapa de instrucción, es decir, de investigación con recolección de más pruebas y testimonios y más adelante el alto tribunal tenía que determinar si lo llamaba o no a juicio.
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