La Fiscalía General de la Nación entregó ante la Corte Suprema de Justicia, una resolución para que un fiscal delegado investigue al ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea por presuntas irregularidades en la asignación de créditos agropecuarios que debían ir a especialmente a pequeños y medianos productores del campo durante la emergencia por coronavirus.
La alerta la puso la Contraloría ya que en sus facultades constitucionales de control de los recursos públicos en tiempo real, otorgadas recientemente por el legislativo, encontró que a principios de abril, cerca del 90 % de los fondos de la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se estaban concentrando en manos de beneficiarios que los estarían utilizando en actividades no productivas.
Las denuncias de la Contraloría
De acuerdo con las graves denuncias del Contralor General de la República Felipe Córdoba y el contralor delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, “de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones para medianos, y sólo 4.200 millones de pesos para pequeños productores”.
Y detalló, además, que “de los 226.000 millones de pesos, 196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos”.
Esto pese a que las condiciones para otorgar los créditos a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) fueron establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA- (en el que tienen asiento el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural y dos representantes del presidente de la República) y dejaban claro que los grandes clientes no podían acceder a la línea especial de crédito si era para destinarla a la comercialización.
“A la fecha, la línea no les está llegando a los pequeños productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”, aseguró Romero.
Además, la Contraloría identificó que el CNCA no impuso entre las condiciones para otorgar los créditos ni los subsidios la adecuada medición del nivel de afectación que tuviera el productor por la pandemia, sino que “partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores”.
Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en que para principios de abril, Bogotá concentraba el 35,6 % de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24 % de municipios tenían acceso al crédito.
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