Atendiendo una petición del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flóres y luego que reclusos de 13 penales se amotinaron durante el fin de semana, el gobierno nacional optó declarar la emergencia carcelaria tras dejar 25 muertos y 83 heridos en los motines.
Los internos exigían una urgente protección contra el COVID-19 ante los altos índices de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y el grave peligro que podría correr la población carcelaria ante un eventual contagio de la pandemia en estos sitios.
Aunque inicialmente la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica,consideraron que estas revueltas obedecían a “planes criminales de fugas” ante la gravedad de los hechos registrados, tomaron «la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público», mediante la Resolución 144.
Dicho acto administrativo señala «que el país y el sistema carcelario en este momento afrontan la coyuntura de afectación global por la pandemia de coronavirus COVID-19», que deja 277 infectados y tres muertos en el país.
En la misma se agrega y reconocen que esta situación «desborda las capacidades del mismo Estado». Y que de igual manera, tiene «potencial determinante de afectación a ciertos grupos vulnerables de la población, dentro de los cuales se encuentran los privados de la libertad, así como los funcionarios penitenciarios».
Estas medidas incluirán «traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la fuerza pública». Así lo explicó una fuente del Ministerio de Justicia.
También le permite trasladar o dar permisos a presos mayores de 60 años -que no estén condenados por delitos graves-, personas enfermas, madres gestantes, o que ya tengan permiso de salida por 72 horas, cuya población alcanza cerca a los 11 mil reclusos.
La emergencia carcelaria no le da facultades al Gobierno para hacer excarcelaciones ya que esta es una decisión que es potestad de los jueces que llevan los procesos.
Datos del Inpec indican que en Colombia hay 121.297 presos en cárceles con capacidad para 80.763 personas, lo que supone una sobrepoblación de 40.534 detenidos y una tasa de hacinamiento del 50,19 %, a lo que se suma los altos niveles de corrupción de la guardia carcelaria y las mafias de internos en los pabellones, lo que constituye en una verdadera vergüenza para la justicia colombiana.
Del total de presos, 113.119 son hombres y 8.178 mujeres, repartidos en 134 establecimientos carcelarios.
Además de los motines en la Modelo y en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, el sábado hubo revueltas en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; en la de Picaleña (Ibagué); en la de Jamundí (Valle del Cauca), y en las de Pedregal y Bellavista, en Antioquia, entre otras.
Debe estar conectado para enviar un comentario.