Al Consejo Superior de la Judicatura seccional de Cauca llegó una solicitó de la Fiscalía para que investigue disciplinariamente a los abogados Gustavo Enrique Gallardo Morales y José Alejandro León Aristizábal,representantes de la fundación ‘Lazos de Dignidad’,.
Ambos, supuestamente, habrían ayudado a que un supuesto enlace con carteles de narcotráfico mexicanos figurara como exmiembro de las Farc.
Gallardo, quien fue abogado de “Jesús Santrich”, y León habrían buscado que Segundo Alberto Villota Segura fuera reconocido como integrante del Frente Oriental de las Farc. Esto, a pesar de que Villota habría sido enlace con el Cartel de Los Zetas y el Cartel de Sinaloa.
Así, “consiguieron que contra su defendido se abriera una investigación por rebelión y que paralelamente la Jurisdicción Indígena adelantara un juicio”, relata la Fiscalía.
Villota, así, fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que estudiara su caso, pero la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no lo reconoció como desmovilizado de las Farc.
Luego de la decisión de la oficina, Gallardo y León presentaron una demanda de nulidad. Para la Fiscalía, “las diferentes maniobras judiciales, al parecer, estaban encaminadas a evadir la solicitud de extradición de la Corte Federal del Distrito de Texas por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos”.
La Fiscalía acusa a Segundo Villota de comprar su ingreso a la lista de amnistiables de las Farc mediante sobornos, ya que existen pruebas de que habría sido el último hombre del antiguo Cartel de Cali y que su ingreso a la guerrilla fue fabricado.
Por esos hechos fue capturado en Santander de Quilichao el patrullero Manuel Antonio Riascos Moreno en el sur del país porque al parecer filtró pruebas para procesar a Villota como integrante de las Farc.
Para la Fiscalía, con ese argumento y amparado bajo las estipulaciones del proceso de paz, Villota Segura logró detener su extradición a los Estados Unidos, tras haber aceptado de manera conveniente cargos por rebelión cargos por en un fraudulento proceso por rebelión.
Según la Fiscalía, el patrullero Riascos Moreno, habría realizado informes de policía judicial falsos y allegado documentos con información falsa que llevaron a la formulación de imputación por rebelión contra Villota Segura.
De acuerdo con las investigaciones este uniformado junto con al menos otros tres funcionarios capturados habría inventado una investigación por rebelión para tratar de favorecer Segundo Alberto Villota Segura, requerido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por tráfico de droga.
La solicitud de la Justicia norteamericana relaciona a Villota segura con la red del narcotraficante Fernain Rodríguez Vásquez señalado de ser enlace de los carteles mexicanos de Sinaloa y de los Zetas.
Los investigadores establecieron que capturados acreditaron informes fraudulentos de inteligencia a Villota Segura para que apareciera en los registros judiciales como supuesto integrante del Bloque Oriental de las Farc.
El patrullero de la Policía vinculado a este caso fue judicializado por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado.
Un caso similar también expuesto por el ente investigador es el del gobernador indígena del cabildo La Laguna Siberia (Cauca), Andrés Antonio Almendras, quien habría reconocido como comunero a Darly Rodrigo Sánchez Cruz, quien era requerido en extradición por Estados Unidos.
“Sánchez Cruz intentó impedir los trámites de extradición a Estados Unidos con el argumento de haber sido procesado en su condición de indígena, cuando en realidad no lo era”, señaló la entidad, que inició la investigación contra Almendras
Debe estar conectado para enviar un comentario.