Como se había dicho hace varios días, era casi un hecho que el alto tribunal dejaría sin piso la reforma tributaria que aprobó el Congreso en diciembre pasado.
Es la misma que impulsó el gobierno de Iván Duque unas pocas semanas después de su posesión, el año pasado.
En la tarde de este miércoles, la Corte votó el paquete de normas económicas que afectaban a varias empresas, entre ellas las cerveceras y las de bebidas azucaradas.
La votación fue de 6-3, en contra de la Ley, y tendría efectos diferidos.
Desde hace varias semanas, el ojo estaba puesto en la decisión que tomó la Corte Constitucional. Incluso, Fedesarrollo, había revelado que de llegarse a caer la Ley de Financiamiento, el impacto en la economía sería alto y el PIB del país caería 0,8 %.
“Eso significaría que para 2020 el PIB ya no crecería a una tasa del 3,5 sino del 2,7 por ciento”, advirtió el propio ministro de Hacienda.
Pero, ¿por qué se cayó la norma? Fueron interpuestas 24 demandas en varios de los artículos de la Ley. Algunos de ellos (4, 102 y 103) habrían violado los principios de seguridad jurídica e igualdad. Puntualmente, se sostiene que la norma no distingue entre “el origen de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras para ser responsable del IVA sobre las ventas”.
En una de las demandas, presentada por el ex ministro de EStado Germán Vargas Lleras ante la Corte Constitucional, se explican los “vicios de procedimiento” y de forma “en el trámite del legislativo» y que a la postre el alto tribunal le dió la razón.
Una de las irregularidades, de acuerdo con el documento de Vargas Lleras, es que los miembros de la Plenaria de la Cámara votaron varios artículos de la ley que fueron modificados en repetidas ocasiones y no fueron compartidos, por lo que, al final, los congresistas no sabían qué estaban votando.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento estableció el IVA plurifásico a la cerveza y a las bebidas azucaradas. Además, fijó cambios en la renta de personas naturales, el impuesto al patrimonio, la normalización y la sobretasa. La idea del Gobierno era lograr un recaudo de más de 7 billones de pesos para atender programas sociales.
También fijó una sobretasa a todos los bancos, en la declaración de renta. Además, el impuesto al patrimonio de más de 5.000 millones de pesos para personas naturales, y también para sociedades extranjeras con patrimonio en Colombia, entre otros.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que en caso de cumplirse este escenario le podría costar al país unos mil billones de pesos en los próximos 10 años, porque unos efectos serían permanentes debido a que los inversionistas no volverían a creer en Colombia y la otra parte es por el menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
- Estimó que con un menor crecimiento de la economía el recaudo de impuesto también resultaría afectado en unos 10 billones de pesos.
- El Gobierno estima que afectaría la seguridad jurídica, porque “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni en una ley de financiamiento que se presente en el país.
- Tendrá un efecto directo en el crecimiento de la economía colombiana con un impacto en generación de empleo y reducción de la pobreza. La economía colombiana dejaría de crecer alrededor del 1%. Con la Ley de Financiamiento se entregan beneficios tributarios a los empresarios con el objetivo de generar más empleo en Colombia.
- El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master manifestó que solo por el recaudo de impuestos la pérdida sería del orden de los $10 billones.
- También alertó sobre la caída de los beneficios que se podrían derivar de un crecimiento mayor de la economía, que generaría más recursos por el impuesto de renta, aranceles, el 4 X mil y un aumento del IVA por el consumo de bienes producidos en Colombia.
- Según la ANDI la economía colombiana dejaría de crecer entre el 0.8% y el 1%, lo que aumentaría el desempleo que en la actualidad se encuentra en el 10.8% e incrementaría la informalidad laboral, que hoy es del 47%.
• El Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, diJO que, con la caída de la Ley, habrá, inevitablemente, un impacto en la confianza, en la inversión y en el crecimiento económico
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