Por causa del asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño se realizó en el municipio de Tierralta una reunión liderada por varios miembros de la Comisión de Paz, del Congreso de la República, en el que fueron escuchadas las versiones de varios líderes sociales y población civil con relación a las amenazas y homicidios ocurridos recientemente.
El evento fue realizado en el casco urbano de esta localidad, ubicada en la subregión del Alto Sinú, en el sur del departamento de Córdoba, en el que estuvieron presentes miembros de la Comisión de la Verdad como los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Temístocles Ortega, Victoria Sandino, Paloma Valencia y Rubi Chagüi.
En momentos en que se realizaba el evento, durante la mañana y parte de la tarde de este jueves 27 de junio, las autoridades reportaron la ocurrencia de nuevos asesinatos en la zona sur del departamento de Córdoba.
Al ser consultado por las conclusiones de la reunión el senador Roy Barreras, representante del partido de la U, manifestó que
“La Comisión de Paz ha hecho de nuevo una visita institucional a una zona de conflicto con el propósito de escuchar las voces de todas las víctimas y también las voces de la institucionalidad, motivados por el crimen atroz de María del Pilar Hurtado pero también por todos crímenes que han venido ocurriendo y que incluso han ocurrido el día de hoy”
El Senador del partido Unidad Nacional continuó diciendo que “para nosotros es claro hay información que por respeto y reserva de la fuente será entregada a las autoridades de manera reservada. Tenemos motivo de preocupación porque los factores que causan estos crímenes siguen presentes. A las víctimas queremos decirles que no están solas sus voces y sus derechos serán defendidos”.
Por su parte, Iván Cepeda manifestó que “hemos asistido a una reunión en la que hemos escuchado atentamente a las autoridades con explicaciones francamente muy poco presentable sobre por qué se decidió estigmatizar a María del Pilar Hurtado”.
El senador del partido Polo Democrático Alternativo, reiteró que “está comprobado hasta la saciedad que María del Pilar Hurtado era una lideresa social que estaba reivindicando el derecho a la vivienda y que estaba en un predio que es el padre de señor alcalde Fabio Otero, quien no se declaró impedido y con un conflicto de intereses para abocar una serie de acciones”.
A su turno, la senadora por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, sostuvo que “nos preocupa mucho el clamor de la ciudanía por seguridad y la vinculación de todos esos grupos ilegales, empezando por el ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las Farc y cantidades de bandas que están en el territorio”.
La senadora Valencia fue más allá y sostuvo que todo el panorama actual de violencia en la zona obedece a la puja desatada por el control del negocio del narcotráfico. “Eso explica el fortalecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que han pasado de 400 hectáreas a más de 4.000. Un crecimiento de casi el 900 por ciento, que generan que todas esas estructuras criminales ocupen el territorio, asesinan los líderes sociales para tomar control de las comunidades e impiden la entrada del Estado para poder mantener los negocios ilegales”.
“El compromiso del presidente Iván Duque para defender a los ciudadanos en Tierralta para seguir luchando contra el narcotráfico. Convocamos a todas las fuerzas políticas de este país a que independientemente de las diferencias ideológicas podamos hacer una gran cruzada en contra de los narcotraficantes que son terroristas que militan en esas zonas”, puntualizó la senadora Valencia.
Varios de los presentes en las afueras del lugar alzaban pancartas como respaldo al alcalde de Tierralta Fabio Otero, a quien la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por supuesta negligencia en el manejo del orden público que derivó en la muerte de María del Pilar Hurtado.
Otero, quien todo el tiempo estuvo en las afueras del recinto donde se realizó la reunión, rechazó los señalamientos y presuntas vinculaciones que ha hecho la fundación Cordobexia en contra de su familia, por la invasión de los lotes en el municipio.
“Esas graves acusaciones han puesto en peligro a mi familia y a mí, hasta el punto de recibir numerosas amenazas a través de redes sociales, por lo que he tenido que pedir protección de las autoridades”, manifestó Otero.
Para sumarse a la solidaridad con la familia de María del Pilar Hurtado y facilitar el trabajo de las autoridades, dijo que la Alcaldía aportó 20 millones de pesos que se suman a la cifra similar que ofreció la Gobernación de Córdoba a quien suministre información que permita capturar a los responsables.
“Siempre estamos dispuestos a recibir todas las quejas de abusos, atropellos y violaciones de los derechos humanos en nuestro territorio. Nos entristece el dolor de sus hijos como padres de familia y como hijos que en el pasado hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Esperamos que se haga justicia y que este crimen no quede impune”, remató Fabio Otero.
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