De aprobarse como está planteado el Proyecto de Plan de Desarrollo, varios de sus artículos afectarían los recursos que los departamentos destinan para atender a las poblaciones.
Por ello la Federación Nacional de Departamentos anunció que el primer paso para intentar ponerle freno a lo que ha llamado “un atropello” por parte del gobierno central a la autonomía de los departamentos, será demandar por inconstitucionalidad dos leyes recientes, así como impugnar varios artículos del proyecto de ley del Plan de Desarrollo.
“Radicaremos una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto y la Ley Bianual de Regalías, este martes 26 de febrero”, indicó Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación. La alerta obedece a que producto de estas legislaciones los departamentos alegan estar perdiendo recursos de regalías y montos para financiar sus proyectos.
Además, en el proyecto del Plan de Desarrollo, que fue radicado el pasado 6 de febrero y está en proceso de análisis, siguen apareciendo artículos que los mandatarios seccionales consideran están diseñados para quitarles la autonomía a las regiones y más recursos.
“Ya no aguantamos más atropellos y tendremos que ir al Congreso de la República a sentar nuestra voz y que se defienda el principio constitucional de que los departamentos son autónomos y se les debe respetar los recursos”, agregó Amaya.
Las inconformidades
Uno de los principales reparos está en los cambios que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propone para calcular los impuestos al consumo de alcohol, en los artículos 146, 147 y 148, cuya fórmula modifica las tarifas del impuesto a los licores, vinos y aperitivos.
Desde hace varias semanas se está pidiendo eliminarlos del articulado porque, los mandatarios de las regiones, consideran que castiga los precios de los licores nacionales y favorece los extranjeros.
El escenario planteado por el actual Gobierno Nacional acierta en eliminar la metodología actual utilizada para calcular el impuesto ad valorem, la cual ha generado un impacto negativo en la cadena de producción y comercialización y ha expuesto a la industria a un manejo discrecional y de corto plazo que ha vuelto errática e impredecible la toma de decisiones.
Asimismo, se ha identificado que se podrían afectar los recursos que las gobernaciones reciben a través del Sistema General de Participación, que serían trasladados para atender pagos por capitación del sistema de salud.
En salud les estaría entonces quitando a los departamentos porque parte de los recursos del Sistema General de Participación los van a destinar a fortalecer la unidad de pago por capitación, que son los recursos que la nación tiene que trasladar a las EPS.
Otra de las preocupaciones de los gobernadores de Colombia tiene que ver con la eliminación del el artículo 85 del PND del 2014 en vigencia que le pega de frente a los recursos departamentales destinados a la cultura y el deporte. Con lo cual afectaría los recursos de inversión en cultura y deporte, que fue lo que le permitió a las ligas departamentales y municipales aumentar los recursos para lograr medallas olímpicas. Ello implicaría un retroceso en materia de incentivos a deportistas
El tiempo para la impugnación de los artículos que atentan contra los presupuestos departamentales será hasta marzo, luego de que las comisiones terceras y cuartas realicen los foros regionales que han programado en las principales ciudades del país e inicien los debates y las conciliaciones entre las cámaras.
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