La historia empezó en 2004 cuando la Procuraduría sancionó a Fernando Londoño al considerar, entre otras cosas, que “incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como el segundo hombre más importante de la República después del presidente”.

Mientras fungía como abogado del consorcio italiano, que tenía un contrato con el Estado para la construcción del tramo Villavicencio-Bogotá, se presentó un conflicto de intereses por lo que el contratista interpuso una acción judicial en contra de la Nación.

Frente a esto, Fernando Londoño Hoyos sugirió la creación de un tribunal de arbitramento. Y fue así como se dictó una multa al Estado por 13.958 millones que después, mientras fue ministro, obligó a la Nación a pagarla.

La Procuraduría añadió: “La falta disciplinaria fue cometida a título de dolo, pues por sus condiciones personales y profesionales el señor Londoño Hoyos tenía conocimiento de la normatividad y actuó así pese a que debía dar el máximo ejemplo de moralidad, transparencia e imparcialidad”. El abuso de autoridad está incluido en el código penal en el capítulo sobre delitos contra la administración pública”.