El escándalo de los “Panama papers” (los papeles de Panamá) consistió en la revelación de listados de personas que habían acudido a la firma panameña Mossack Fonseca para crear empresas que, gracias a las características del sistema financiero de ese país, fácilmente se podían ocultar a los ojos de las autoridades de hacienda e impuestos en los países de origen de los interesados como Colombia.
Fue un gran escándalo corrupto de talla mundial y desde que reventó, hacia abril de 2016, generó consecuencias en varios lugares. Por ejemplo, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y el de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tuvieron que salir de sus cargos tras conocerse que ellos o sus familias tenían compañías con dineros de oscuras actividades en Panamá.
En Colombia, sin embargo, no había pasado nada hasta ayer, que la Fiscalía anunció que 15 personas serán investigadas formalmente por hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y así esconder ganancias realizando una jugada sucia al fisco nacional.
Luz Mary Guerrero Hernández una poderosa empresaria Boyacense había alcanzado reconocimiento en la medida en que la empresa de su familia ha crecido vertiginosamente en los últimos años.
Sin embargo, el tema familiar ha girado en torno a la disputa por un porcentaje de la compañía que protagonizan ella y sus tres hermanos, Carlos Julio, Purificación y Jesús Guerrero.
Antes de llegar a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez Neira fue abogado de los dos primeros, quienes demandaron en 2008 a Luz Mary y Jesús Guerrero por la supuesta transferencia fallida del 5% de las acciones de Servientrega S.A.
El Fiscal ante estas capturas dio la rueda de prensa notificando que las órdenes no las había ortdenado él, sino el fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez , después de varios meses de investigaciones en donde se descubre esta empresa criminal.
En esa pelea, inicialmente, Luz Mary y Jesús Guerrero estaban en la misma orilla. Pero luego terminaron también distanciados.
Al punto que Jesús Guerrero, el verdadero fundador de Servientrega quien anunció una candidatura a la presidencia por firmas, envió un comunicado a los medios aclarando que la comunicación entre los dos “está cortada desde hace varios años, a raíz de las divergencias conocidas por todo el país del manejo de nuestras empresas. Espero que todo se solucione a la luz de la verdad y la justicia colombiana”.
Fuentes de la Fiscalía le revelaron que los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones.
Luz Mary Guerrero, en cambio, habría alcanzado a gestionar hasta US$4.500 millones (unos $13 billones de pesos cvolombianos) de esa manera. «Su método fue a través de empresas fachada en Panamá y Costa Rica, de donde Mossack Fonseca le devolvió el dinero a cuentas personales en Estados Unidos y Panamá. Los dineros los sacó de las dos empresas pero para aumentar su patrimonio, por eso le van a imputar el delito de administración desleal. Básicamente estaba ‘tumbando’ a los socios y familiares», señaló uno de los investigadores del caso.
Los cargos más graves que se van a imputar, se los llevan los altos funcionarios del grupo Servientrega: falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.
El enredo mundial es bastante largo y complejo de descifrar, de ahí que la Fiscalía se apoyó de la Dian que dirige Santiago Rojas Arroyo para entender las irregularidades que ahora dejan una lista de capturados y llamados a imputación de cargos en Colombia, entre ellos, Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty S.A. y accionista mayoritaria de la empresa de mensajería Servientrega y su revisor fiscal.
La firma de abogados panameña Mossack-Fonseca tenía sede en Bogotá y ayudó, supuestamente, a los ahora capturados a elaborar facturas falsas por supuestos servicios a empresas fachada en Panamá.
La estrategia
Entre 2010 y 2016 Mossack-Fonseca le permitió a por lo menos 14 sociedades colombianas acudir a las maniobras fraudulentas que tenían como objeto esconder millonarios recursos económicos fuera del país; para completar el ilícito los empresarios debían falsificar la contabilidad y manipular las declaraciones de renta presentadas a la DIAN.
La Fiscalía estableció que los abogados de Mossack-Fonseca diseñaron una ruta para el tránsito de recursos de sus clientes. Elaboran las facturas, las pagaban y todos el dinero iban a parar a una entidad financiera con sede en las Bahamas. Luego eran los clientes quienes decidían a qué país enviar su dinero.
Los capturados
El listado incluye a representantes legales y revisores fiscales que según la Fiscalíaacudieron a Mossack-Fonseca con la intención de evitar el cobro de impuestos en Colombia y esconder millonarios recursos fuera del país.
Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A., Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.
También fue capturado el representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S, Juan Esteban Arellano Rumazo, como el máximo responsable de las asesorías ilegales a los empresarios.
Los delitos son bastante delicados y supremamente graves en criterio de la Fiscalía y podrían dejar penas superiores a los 29 años de prisión: falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.
Los otros imputados
Son empresas reconocidas a nivel nacional y sus representantes, según la Fiscalía,se acercaron a las asesorías de Mossack-Fonseca.
Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.
Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.
Maria Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexander Serna Ramírez desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.
Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S. En el caso de estas personas se les imputará igualmente el delito de fraude Procesal.
Hay más
La Fiscalía anticipó que tienen identificados otros siete casos, personas y empresas, investigadas por hechos similares y que en las próximas semanas podrían dejar nuevos resultados.
Hay correos electrónicos y documentos que la firma Mossack Fonseca Colombia, compartió con otros clientes y que comprobarían la ilegalidad de sus servicios de asesoría, ahora en la lupa de la Fiscalía.
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