En el municipio de Silvia, Cauca, las autoridades indígenas del Pueblo Misak entregaron a la justicia ordinaria a tres presuntos disidentes de las Farc que fueron sorprendidos en el Resguardo de Guambía portando armas de fuego de largo y corto alcance con municiones
Luego de varias horas de deliberaciones, los individuos fueron dejados a disposición de una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, mientras que la Fiscalía General de la Nación continúa con el proceso investigativo.
Las armas y municiones decomisadas a estos sujetos fueron destruidas de acuerdo a las normas de la comunidad Misak.
La gobernadora de Guambía, Liliana Pechené Muelas, aseguró en rueda de prensa que los detenidos son disidentes de las Farc que no se acogieron al proceso de paz que firmaron el Gobierno Nacional y esa guerrilla.
“Ellos han manifestado no estar de acuerdo con algunos puntos de las Farc (…) Creemos que hacer este tipo de control territorial y expulsión a personas que hacen violencia y crean zozobra en las comunidades hace parte de la construcción de paz”, sostuvo.
Una vez los detenidos fueron sometidos a un castigo bajo la Jurisdicción Especial Indígena por afectar la tranquilidad de la comunidad, fueron entregados para que sean investigados por la justicia ordinaria, pues al parecer venían extorsionando a comerciantes de la región.
Sin embargo a última hora se supo que hay indignación luego que una juez dejara en libertad a tres presuntos disidentes de las Farc que habían sido capturados por las autoridades indígenas y a quienes se les encontró armas de fuego e información que daba cuenta de extorsiones que realizaban a comerciantes de la región.
La comunidad rechazó la decisión de la operadora judicial, que declaró ilegales las capturas realizadas por el pueblo Misak, cuando los individuos se encontraban cerca de una escuela en el Resguardo de Guambía.
La gobernadora de ese territorio, Liliana Pechené, dijo que la medida de la Juez pone en inminente riesgo a la comunidad, que en el marco de su Jurisdicción Especial Indígena aplicó su sanción y entregó a la justicia ordinaria a los detenidos, para ser judicializados por sus delitos.
La dirigente aseguró que la juez del municipio desconoció su Jurisdicción Especial, al considerar que las capturas fueron ilegales y que se había manipulado las evidencias. “Desde nuestra autonomía tenemos la facultad para hacerlo y posteriormente entregarlos”, sostuvo.
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