Las Mesas de Víctimas hacen parte de los espacios que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas que los afectan. Son también los espacios institucionales de representación de la población afectada por el conflicto para la interlocución con el Estado, en todos los niveles territoriales (municipal, departamental, distrital y nacional), y su fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.
En Puerto Tejada la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas la lideresa Rosy Pérez en diálogo con el Magazín Punto Clave de la emisora la Poderosa en el 94.8 FM, www.lauradio.com y el Periódico La Última expresó que sigue causando preocupación las continuas amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el cauca.
La vocera de este colectivo en Puerto Tejada condenó el crimen del representante de víctimas en el Atlántico Bernardo Cuero quien fue asesinado en su residencia del barrio Villa Esperanza en el Municipio de Malambo en el Área Metropolitana de Barranquilla. Cuero, el cual además era el presidente de la Junta de Acción Comunal, llegó como desplazado en el año 2003, procedente de Tumaco en el Departamento de Nariño y pertenecía a Afrodes.
Pérez denunció que aún continúan las amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Norte del Cauca sin que las autoridades se inmuten ante este riesgo puesto en conocimiento oportunamente ante la defensoría del pueblo y la propia fiscalía general de la Nación.
Si fuera para matarla hace rato la hubieran matado asegura Rosy Albán Pérez que es la respuesta que se le da en la instancia judicial y que “ La Unidad Nacional de Protección no ofrece garantías a las víctimas mientras no tengamos un padrino político fuerte, no actúan”.
En su caso personal ratificó que tiene tres denuncias en fiscalía, dos denuncias por amenazas telefónicas y una denuncia por amenaza y agresiones físicas, a lo cual le responden que si “hubiese sido para matarnos, ya nos habrían matado hace tiempo”, al tiempo que puso en conocimiento que sus compañeras de la Mesa del municipio de padilla fueron amenazadas con panfletos intimidantes en incluso contra sus familiares.
Otras de las líderes amenazadas fue la coordinadora de Mesa Municipal de víctimas en corinto a quien debió abandonar su territorio.
Rosy Pérez aseguró que con la Administración Municipal de Puerto Tejada “ No hay articulación, porque muy pocas son las cosas que se dicen de boca y las que se hacen de hecho, con la Personería estamos conversando para la atención de una población desplazada, además del cumplimiento de las reglamentaciones para atender las garantías que deberíamos tener las víctimas y lo cierto es que hasta el momento no nos han brindado un espacio por lo que estamos planteando hacer una acción de cumplimiento contra el Alcalde”.
La coordinadora en sus declaraciones a la RED de medios informativos de Puerto Tejada señaló además que en Puerto Tejada ha habido muchos casos de “supuestas víctimas que como se dice coloquialmente han querido meterle goles al Estado”.
Puerto Tejada tiene un total de 1370 víctimas por parte de los paramilitares de un total de 3768 víctimas por homicidio y desplazados provenientes principalmente del Litoral pacífico caucano, siendo la mayoría mujeres, registradas en la Unidad Municipal sin contar las registradas en los años 2016 y 2017.
Rosy Pérez manifestó que por acción de las pandillas en Puerto Tejada se tiene registradas desde que opera la Mesa Municipal un total de 468 víctimas desde el 2013 hasta el 2017 que no son contempladas en la Ley como víctimas del conflicto armado.
El estudio de esta realidad destaca los avances significativos en la implementación de la Ley de Víctimas, particularmente en la unificación del registro de víctimas, que ha permitido obtener mayor claridad sobre el número y tipo de víctimas, y en la entrega de indemnizaciones. Sin embargo, los niveles de cumplimiento en otras áreas son todavía bastante deficitarios.
El caso de Puerto Tejada deja entrever entonces que la Ley de Víctimas y el discurso político hacen promesas difíciles de cumplir cuando aseguran que la reparación transformará vidas y será integral.
No consideran los niveles de pobreza y marginalidad en que viven muchas víctimas, ni tampoco su desbordante número. Cuando dichas promesas son hechas por ley, la incapacidad de cumplirlas afecta seriamente a la credibilidad de la ley y la seguridad jurídica. Los compromisos legales que el Estado adquirió con la Ley de Víctimas no pueden ser exonerados posteriormente bajo argumentos de falta de capacidad o previsión por parte del propio Estado.
Queda entonces claro que sin el esencial apoyo de una política social complementaria, es imposible que el discurso de la reparación transformadora se convierta en una realidad para las víctimas.
Las promesas incumplidas de la Ley 1448 han creado frustración entre las víctimas. El establecimiento de los servicios de salud y, especialmente, el apoyo psicosocial ha sufrido graves demoras, las necesidades educativas de las víctimas o de sus hijos no han sido debidamente atendidas, o las ayudas a la vivienda han sido insuficientes y tardías.
La falta de respuesta por parte de otras instituciones responsables de cuestiones esenciales para que la reparación sea realmente integral –como la educación, la vivienda, la salud o la exención del servicio militar obligatorio– han hecho que los esfuerzos de la Unidad de Víctimas sean percibidos como débiles por las víctimas.
La atención de las necesidades específicas de las mujeres que han sufrido violaciones graves de derechos humanos a causa del conflicto armado sigue siendo aún un desafío para el Estado. A pesar de que la Ley de Víctimas hace especial énfasis en el desarrollo de un enfoque diferencial, con atención especializada para las mujeres, esto no se ha traducido en acciones concretas.
“Se habla de crear programas de formación, proyectos productivos, programas para mujeres empresarias, horarios especiales para talleres de atención psicosocial, pero aún nada de esto se concreta con la cobertura necesaria para las mujeres víctimas”, dice Rosy Pérez coordinadora de la Mesa de Víctimas de Puerto Tejada.
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