La Defensoría del Pueblo urgió reforzar las medidas de protección para los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Tumaco, Nariño.
El pronunciamiento lo hizo el jefe de ese organismo el Cuacano, Carlos Alfonso Negret Mosquera, tras conocerse la muerte de Segundo Víctor Castillo, líder social y defensor de los derechos humanos asesinado el 25 de mayo en el barrio Panamá del municipio de Tumaco, luego de haber denunciado desde el pasado mes de abril graves amenazas contra su vida e integridad personal y contra otros seis líderes sociales del mismo municipio.
Negret Mosquera les pidió a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer este crimen y reforzar con carácter urgente las medidas de protección para los líderes sociales amenazados del municipio de Tumaco.
Desde el inicio del día D, que según el acuerdo pactado entre el Gobierno nacional y las Farc sería el primero de diciembre pasado—aunque la guerrilla no acepta ese día como el inicio de la implementación—, han sido asesinados en el país 28 líderes, entre ellos, Castillo en Tumaco.
El día 12 de mayo de 2017, esta entidad había solicitado a la Unidad Nacional de Protección la implementación de medidas por trámite de emergencia con carácter urgente para Segundo Víctor Castillo; a la Policía Nacional, la adopción de medidas preventivas, y se trasladaron las denuncias a la Fiscalía. La UNP había otorgado recientes medidas blandas de protección (chaleco antibalas, medios de comunicación y la consignación de una suma de dinero como medida de reubicación inmediata).
“El Defensor del Pueblo insta a las autoridades atender la situación de riesgo de los líderes sociales y defensores de derechos humanos actualmente en el país que fue advertida por la institución en el Informe de Riesgo N° 010-17 de marzo 30 de 2017, emitido por el sistema de alertas tempranas de la entidad. De igual manera, reitera la difícil situación que atraviesa esta población en el municipio de Tumaco reflejada en el informe de inminencia No. 014 de 2017 emitido por el sistema de alertas tempranas”, afirma el organismo de protección.
De otro lado, para facilitar una pronta solución a los paros sociales que se adelantan en Quibdó y Buenaventura, la reunión de alto programada para el próximo primero de junio en Docordó (Chocó) fue aplazada, informó la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, Negret dijo que si bien la convocatoria tenía como objetivo analizar y buscar soluciones a la crisis humanitaria que atraviesan ambas regiones, “consideramos que en esta coyuntura se puedan lograr avances concretos a las peticiones de sus pobladores”.
El Defensor del Pueblo recordó que en ambos casos comisiones de la entidad hacen presencia colaborando en el acercamiento de las partes para que encuentren salidas que terminen con las manifestaciones por parte de los ciudadanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó solo en 2016 385 agresiones contra activistas de esta materia en Colombia.

Llamó especialmente la atención de las Naciones Unidas la situación de los defensores de derechos humanos, pues se afirmó que hasta el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a la privacidad. Entre los asesinados, hubo cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un afro y dos líderes juveniles.
Estos casos se presentaron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y los perpetradores serían principalmente actores criminales vinculados con casos colectivos o individuales, el Eln, el Epl, milicianos y disidentes de las Farc, particulares; y la policía en un caso de una protesta social.





Debe estar conectado para enviar un comentario.